–Cuando usted fue ministro de Justicia de Carlos Menem e impulsó la reforma judicial, ¿imaginó que la Justicia sería lo que es hoy: un sistema lento, donde reinan criterios disímiles y que se presta a arbitrariedades?
–Me imaginaba algo mejor, más eficiente, con menos morosidad y más desburocratizado. Pensé que a esta altura ya tendríamos un proceso acusatorio puro, con instrucción penal preparatoria a cargo del fiscal como en todos los sistemas de enjuiciamiento modernos. La instrucción tiene que ser breve y desformalizada, si no no hay cambio cultural.
–¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo más cambios?
–La reforma no debe ser encarada por espasmos, como iniciativas aisladas. Tiene que ser permanente y tiene que tener instancias. Pero esa reforma fue abandonada. Falta una mirada atenta en el modo de administrar justicia, en cómo se llevan adelante los procesos.
–¿No influyó que el menemismo buscara crear una Justicia a su medida?
–El tema pasa por otro lado, es una concepción de la reforma, que no debe ser entendida como algo estático. Cuando la iniciamos pensábamos en una gradualidad. No quisimos salir de un salto de un Código Penal que llevaba cien años. Tampoco se hizo un replanteo de las competencias de la Corte, convertida en una tercera instancia. Ha perdido su verdadero rol de guardián de garantías y de control de constitucionalidad.
–Cuando usted en los noventa dejó el Ministerio de Justicia cuestionó los nombramientos de Menem en la Cámara de Casación (encargada de revisar las sentencias orales, pero que obstaculiza las causas sobre derechos humanos).
–La Casación cumple un rol muy importante y funciona razonablemente bien. No se puede enjuiciar a los sistemas por las personas. Dije lo que pensaba en ese momento. Ahora las discusiones deben ser sobre el sistema.