La investigación sobre el primer caso comprobado pericialmente de tortura en cárceles, que derivó en la presentación de una denuncia penal por parte de la Comisión por la Memoria, avanza en la identificación del médico o enfermero que abrió las puertas del sector Sanidad, donde los presos Cristian López Toledo y Claudio Márquez Laineker fueron torturados con pasajes de corriente eléctrica. Ambos presos ahora se encuentran supuestamente protegidos en las unidades 24 y 23, respectivamente, de Florencio Varela. Un grupo de abogados de la comisión, encabezados por Alejandro Mosquera, integrante del comité Contra la Tortura de la misma comisión, visitó a los dos detenidos el miércoles pasado, para verificar su situación y responsabilizar a las autoridades de ambos penales sobre la salud de ambos, incluyendo un resfrío.
Cristian López Toledo y Claudio Márquez Laineker fueron torturados con pasajes de corriente eléctrica el 10 de mayo pasado, en la Unidad Penal 9 de La Plata, por haber pedido cinco días antes de entrevistarse con integrantes de la Comisión por la Memoria que visitaban esa unidad. Ambos compartían la celda 114 y fueron castigados siguiendo un método semejante: fueron trasladados primero uno y después el otro al sector de Sanidad, donde los recibió un médico (o enfermero) “flaco”, según lo definió López Toledo en su declaración ante la fiscal platense Virginia Bravo. Después desapareció el médico y apareció un grupo de encapuchados vestidos “con el uniforme de la división traslados” que los molieron a golpes y a López Toledo le pasaron corriente eléctrica con dos cables.
El médico era quien se encontraba de guardia en Sanidad, ya que abrió el candado desde dentro. Fue cómplice y resulta clave porque se retiró para dar paso al grupo de torturadores; o sea, sabe quiénes eran salvo que admita que por los pasillos del SPB circulan enmascarados con uniformes. Ubicarlo no debería ser demasiado difícil, salvo que el Servicio Penitenciario Bonaerense no pueda dar cuenta de quiénes ingresan y egresan de una unidad con uniforme o delantales del SPB.
El domingo 14 de agosto, Horacio Verbitsky informó en Página/12 sobre las penurias seguidas por López Toledo, incluso luego de iniciada la investigación judicial. A Márquez Laineker no le fue mejor. En la cárcel de Campana, tres presos drogados se metieron en su celda, lo persiguieron armados con facas por todo el módulo, mientras los guardias miraban detrás de las rejas. Recién cuando de su cuerpo manaba abundante sangre, los guardias lo sacaron y lo llevaron al sector de tratamiento, donde uno le perforó un muslo de lado a lado con una varilla, mientras otros dos le pegaban. Nunca fue atendido por médicos. “Tuve que lavarme con un trapo mientras mantenía la pierna para arriba”, dijo Márquez.
El joven, castigado por ser denunciante de las perversiones del SPB, pasó después por la unidad de San Nicolás, donde tuvo que defenderse nuevamente. Luego, en una nueva demostración de la perversión, lo volvieron a la U9, la misma unidad a cuyos jefes había denunciado por torturas. De allí pasó a Junín y, finalmente, fue depositado en la U24 de Varela, donde lo encontró el equipo de la Comisión por la Memoria.
El 9 de agosto, la fiscal Bravo allanó la U9. Además de una serie de efectos vinculados con las torturas, al revisar una veintena de armarios donde los penitenciarios guardan sus efectos se encontró con veinte facas que secuestró. El SPB siempre sostuvo que las facas son armas caseras preparadas por los presos, y siempre adjudicó a la violencia de los presos la razón de tantas heridas y muertes en penales. La presencia de las facas en los roperos de los guardias está más cerca de otra explicación: que la violencia armada de los presos es distribuida por los guardias a piacere y conveniencia de las autoridades de los penales.