El juez federal Gabriel Rafecas ordenó ayer que el “arrepentido” ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto sea incorporado a un programa de protección de testigos. Rafecas envió el oficio al Ministerio de Justicia para la implementación de la cobertura, porque considera que Pontaquarto ayudó al avance de la investigación sobre el pago de sobornos en el Senado para la aprobación de la ley de reforma laboral durante el gobierno aliancista de Fernando de la Rúa. En su pedido, el juez tomó en cuenta un dictamen del fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, quien opinó que las confesiones de Pontaquarto podrían generarle “peligro e intranquilidad”. A pesar de las idas y vueltas de la causa por diferentes ámbitos judiciales, finalmente la declaración de Pontaquarto –sobre su papel en la ruta del dinero extraído de la Side para sobornar a los legisladores– terminó con el procesamiento que Rafecas, ahora a cargo del expediente, dictó a los ex senadores José Genaud, Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Tell y Ricardo Branda, además del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes.