El juez federal Sergio Torres aseguró que en la Justicia “está acreditado” que los represores de la última dictadura arrojaron detenidos con vida al mar a través de los que se conocieron como “vuelos de la muerte”. El magistrado tiene a su cargo la investigación sobre los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y recibió los informes sobre las identificaciones de los cuerpos de tres madres de Plaza de Mayo y de la monja francesa Léonie Duquet. A partir de estos hallazgos el represor Alfredo Astiz podría ser acusado de “homicidio agravado”, que contempla la pena única de prisión o reclusión perpetua.
“Una de las tantas investigaciones satélites que rodean el cuerpo principal de la causa ESMA se vincula con los vuelos de la muerte. Y tenemos acreditada la existencia de la modalidad”, explicó el juez en declaraciones al programa Chicas de ley, de Radio El Mundo.
Torres recibió los análisis antropológicos forenses de los cuerpos de las madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco y de la religiosa francesa Léonie Duquet. Los restos fueron recientemente identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, luego de haber sido exhumados del cementerio de General Lavalle, donde habían sido enterrados como NN después de haber sido hallados en la costa bonaerense.
Los exámenes de esas mujeres, que estuvieron secuestradas en la ESMA, establecieron que tenían fracturas similares “a las que son habituales observar como producto de una caída de un cuerpo desde cierta altura y su impacto contra un elemento sólido”. Es decir, que probaban, a través de un método científico, la existencia de “los vuelos de la muerte” que había sido admitida por el ex marino Adolfo Scilingo y denunciada durante años por los sobrevivientes de la ESMA.
Esta semana, Torres ordenó que el Cuerpo Médico Forense realizara un nuevo estudio sobre los restos de Duquet para corroborar la causa de su muerte. El magistrado explicó que adoptó esa medida para “aportar información complementaria” y ante la posibilidad de que sus familiares “decidan repatriar sus restos a Francia”. El juez aseguró que la identificación de los cuerpos podría derivar en “un cambio de calificación” del expediente, porque hasta ahora se investigaban los delitos de “privación ilegal de la libertad y tormentos”. Ahora, en cambio, podría aplicarse la figura de “homicidio agravado”, que contempla la pena única de prisión o reclusión perpetua.
Las tres madres de Plaza de Mayo y la monja francesa fueron secuestradas en diciembre de 1977 a partir de un operativo de infiltración de Astiz en un grupo de familiares de desaparecidos. Por este hecho, Torres procesó a los represores Astiz, Jorge Eduardo Acosta, Héctor Antonio Febres y Antonio Pernías. El magistrado explicó que parte de la causa ESMA estaría en condiciones de ser elevada a juicio oral y público, pero los acusados hicieron diversos planteos ante la Cámara de Casación Penal que aún no fueron resueltos y frenan el avance del expediente.