El contrato con Aguas Argentinas le permite a la empresa cortar el servicio a quien se atrase en el pago de la factura. En la actualidad hay 30.000 familias sin agua por esa razón. Una de las prioridades del nuevo modelo de concesión, más allá de cómo se resuelva la crisis con Suez, es garantizar el acceso universal. Así lo reclaman los especialistas en materia de servicios públicos y las asociaciones defensoras de los usuarios. El agua no puede ser considerada como una mercancía, sino que debe valorizarse como un derecho humano, advierten. Al Gobierno se le abre la oportunidad y el desafío de diseñar un esquema de funcionamiento para la empresa de agua y cloacas que repare las gravísimas fallas de la última década.
Del contrato original que el menemismo firmó con Aguas Argentinas en 1993 no queda prácticamente nada. Una vez establecidos los compromisos que debía asumir el concesionario, una seguidilla interminable de renegociaciones lo libraron de la mayoría y le permitieron hacer lo que quería: un negocio brillante. Entre 1993 y 2001, la empresa obtuvo una rentabilidad promedio del 15,4 por ciento sobre el patrimonio.
En los primeros meses de gestión del actual gobierno, se analizó seriamente un cambio estructural del marco para la operación del servicio. Aguas Argentinas dejaría de ser el único concesionario para atender a 12 millones de usuarios de la Capital Federal y el conurbano bonaerense. El nuevo esquema contemplaba la apertura del negocio a otros prestadores, incluidas cooperativas y mutuales. El Estado volvería a tener un rol protagónico en el desarrollo de la red, asumiendo la tarea de expansión y de encarar las inversiones.
Los operadores se encargarían de dar el servicio y de cobrarle a los usuarios, pero la recaudación sería girada al Estado y éste les pagaría un canon por su gestión. Aguas Argentinas recibiría un 7 por ciento de la facturación total.
En el equipo del ministro de Planificación, Julio De Vido, ayer empezaron a reflotar aquellos papeles, que en su momento fueron dejados de lado por la presión del gobierno francés, del Banco Mundial y del FMI en favor de Suez. Roberto Lavagna le recomendó a Néstor Kirch-
ner bajar la confrontación porque necesitaba el apoyo de Francia en el FMI para conseguir un acuerdo con el organismo, lo que nunca sucedió.
Cuando se privatizó el agua, el propio Banco Mundial recomendó no entregar todo el servicio a una sola empresa. Por lo menos debía haber una desintegración horizontal, como en telefonía, donde quedaron Telefónica y Telecom. De ese modo hubiera sido posible establecer comparaciones de performance. “El modelo de un único concesionario privado fue un rotundo fracaso”, resumió el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, en diálogo con Página/12.
Según su opinión, habría que estudiar una desintegración no sólo horizontal, con dos o más operadores, sino también vertical, con distintas compañías para distintas funciones. “Podría haber un operador mayorista, otro que trate y potabilice el agua, dos distribuidoras y otra empresa que se encargue del tratamiento de líquidos cloacales”, describió. El Estado tendría mayores posibilidades de control que en la actualidad. La eventual salida de Suez, igualmente, obliga a resolver graves problemas previos: por sus permanentes incumplimientos de inversiones hay una situación catastrófica en las capas freáticas, con caños de desagües cloacales muy deteriorados.