Los diputados afinan el lápiz en la redacción final del proyecto para declarar la nulidad de los indultos a delitos de lesa humanidad. La iniciativa avanzó ayer en la comisión de Asuntos Constitucionales y ya fue elaborado un dictamen consensuado, tal como adelantó Página/12. Este diario pudo saber que el propio presidente de la comisión, Juan Manuel Urtubey, mantuvo contactos con el Poder Ejecutivo y habría obtenido luz verde para darle el impulso político que necesita el proyecto para convertirse en ley.
Patricia Walsh, autora de uno de los proyectos que fueron tomados en cuenta para el dictamen, manifestó su acuerdo en lograr una redacción que privilegie el consenso de los bloques, porque afirmó que “es la única forma de que pueda tratarse en el recinto”. La radical Margarita Stolbizer (UCR), quien presentó otra de las iniciativas que hay en la comisión, coincidió con Walsh en cuanto a la conveniencia de que se demore un poco la elaboración en tanto se consiga consolidar las adhesiones. Pero este dictamen aún tiene que pasar por la comisión de Justicia y recién entonces estará en condiciones de ser tratado en el recinto, para lo cual tiene preferencia, y obtendría media sanción para pasar al Senado.
El texto al que tuvo acceso Página/12 establece que “los delitos de lesa humanidad previstos en los tratados internacionales de Derechos Humanos no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, aunque (la medida) haya sido dictada con fecha anterior a la promulgación” de la ley. Ya no se trata de una iniciativa que pretende regular la facultad presidencial de indultar, sino que utiliza la competencia del cuerpo legislativo sobre los tratados de derechos humanos suscriptos por Argentina. El segundo artículo señala que “la nulidad de dichos actos debe ser resuelta en sede judicial, de modo indeclinable, de oficio o a petición de parte”. La intención es dejar el menor espacio posible para la discrecionalidad de las futuras interpretaciones y, sobre todo, para preservar la separación de poderes.