EL PAíS
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Incongruencias
Por H. V.
El presidente Néstor Kirchner cuestionó la Carta Pastoral “Una luz para reconstruir la Nación” y dijo que el país quiere verdad y justicia y no tolera la impunidad. Pero cerca de tres centenares de capellanes castrenses ya comenzaron a interpretar ante los jóvenes oficiales de todas las unidades militares que sus palabras son una agresión a los valores nacionales que en su congelada concepción sólo encarnan en las Fuerzas Armadas y en la Iglesia. Sólo la denuncia del tratado firmado por la dictadura de Aramburu y Rojas en 1957 de creación del Obispado castrense, y de su adenda menemista en 1992, podría reparar esta situación inadmisible.
A principios de este año, cuando Antonio Baseotto fantaseó con arrojar al ministro de Salud al mar, el Poder Ejecutivo solicitó su relevo a la Santa Sede. El Vaticano se negó y Kirchner analizó tres hipótesis:
- Aguardar tres meses en silencio, como pedía el nuncio para solucionar la situación.
- Desconocer a Baseotto pero mantener el Obispado, a la espera de un nuevo titular aceptable.
- Denunciar el tratado.
Kirchner se inclinó por la conciliadora posición intermedia. Sólo separó a un funcionario de la administración pública porque sus declaraciones “reivindican los métodos de la dictadura” y no contribuyen “a la paz y la armonía o al cuidado espiritual de las Fuerzas Armadas”. Quedó a cargo en forma interina el vicario general, monseñor Pedro Candia, un oficial del Ejército que se fue de baja para ingresar al seminario en mayo de 1987, abortada la rebelión carapintada. Su primo Luis Alejandro Candia fue uno de los oficiales detenidos por su participación en el alzamiento. Secretario general del Obispado es el presbítero Alberto Angel Zanchetta, quien en 1977 era uno de los capellanes de la ESMA que consolaban a los oficiales que volvían turbados después de cumplir con los detenidos-desaparecidos los deseos que Baseotto expresó respecto de Ginés González García.
Las concepciones de entonces se han reciclado en una nueva generación episcopal. El riesgo de que lo mismo ocurra con los jóvenes oficiales del Ejército a través de los capellanes no puede minimizarse. El único modo seguro de impedirlo es disponer que sean atendidos por las estructuras territoriales de los distintos credos, tal como ocurre en la actualidad con los escribanos, las manicuras y los cartoneros, que se confiesan donde les place.
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