En el Chaco de la sequía, el agua se convirtió en un tesoro. Y todo lo ligado a ella también. En Colonia Aborigen, al nordeste de la provincia y a 130 kilómetros de Resistencia, una empresa privada que ejecuta obras financiadas por el Banco Mundial valuó en 6750 pesos la construcción de cada uno de los 28 pozos con los que se pretende abastecer de agua a los 5 mil habitantes de la zona. El precio se torna sugerente cuando la Administración Provincial del Agua (APA) cotiza el mismo trabajo por 2700 pesos. La denuncia fue hecha pública por las comunidades indígenas.
Los “pozos que valen oro”, tal como los califican en la Colonia, serán –¿serán?– construidos por Tabolango SA, una unión transitoria de empresas a cargo de obras del Proyecto de Desarrollo Indígena. El PDI es una ampliación de las obras del canal línea Tapenagá, abierto para paliar los efectos de las inundaciones y evacuar los líquidos cloacales de las ciudades, pero transportándolos hasta zonas linderas con el territorio indígena, según denunció la comunidad.
Según la documentación a la que accedió Página/12, cada uno de los pozos de 6750 pesos tiene 2 metros de diámetro por 8 de profundidad, y paredes de mampostería. “Estamos inquietados por esto –admitió Alfredo José, presidente de la Asociación Comunitaria Colonia Aborigen–. Pasó lo mismo cuando fui al Prosap (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales) y me cayó como un balde bravo la noticia de que en vez de los 50 pozos que pedimos íbamos a tener 28. Pero si esta vez tenemos que parar la obras, las vamos a parar.”
“Paradójicamente, a medida que la sequía aumenta, disminuyen las esperanzas de la comunidad. Pero esta vez, los tobas dijeron basta pues no están dispuestos a que, nuevamente, terceras personas sigan lucrando con sus necesidades”, destacó Germán Bournissen, coordinador del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), que presta apoyo legal a la Colonia.
El Prosap depende de la Secretaría de Agricultura de la Nación y media entre el Banco Mundial y el gobierno chaqueño, representado por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que coordina las obras y está a cargo de la contadora María Alicia Dusicka. En diálogo con Página/12, Dusicka admitió haber sido “advertida en varias oportunidades sobre el tema de los precios”, pero se desligó de todo poder de decisión al respecto y reconoció que “obviamente, si uno hace estas obras por autogestión van a salir más baratas. Pero estamos atados a procedimientos con organismos internacionales”.
Las obras en Colonia Aborigen ascienden a 1.617.000 pesos y tienen un plazo de vencimiento en el 2006. Además de los pozos, incluye la ampliación de caminos y la construcción de una sala sanitaria y dos aulas en la escuela del lote 39. No sólo Endepa y las asociaciones indígenas pidieron la suspensión de las obras. También el Instituto de Desarrollo Social (Indes) y los propios consultores del PDI, Carlos Salamanca y Gustavo Leiva, que aconsejaron el cese de los trabajos luego de haber detectado “sobreprecios que ascienden a más de un 500 por ciento”, la “inutilidad” de la reparación de algunos caminos y los “malos tratos por parte de las empresas” en Cacica Dominga.