La relación con Aerolíneas Argentinas provocó más de un cortocircuito dentro del Gobierno. Hubo roces entre Roberto Lavagna y Julio De Vido por la impugnación de los balances de la empresa. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, ya no se habla con uno de sus subalternos, el subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli, por considerarlo un enemigo de la compañía. Este último funcionario era, hasta su ingreso a la función pública, el secretario general del gremio de los técnicos aeronáuticos que ahora encabeza el conflicto. Por otra parte, en la Casa Rosada se escucharon algunos reproches al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por la evolución del paro sin que su cartera pudiera amortiguar la crisis.
Puertas afuera, el Gobierno también sufre dolores de cabeza por varios temas vinculados con Aerolíneas. Uno de ellos es su impacto en la relación con el Ejecutivo español. En su último viaje a Salamanca, Néstor Kirchner dedicó parte de su agenda a negociar con José Luis Rodríguez Zapatero por los balances de la empresa (ver aparte). La Argentina impugnó los resultados contables de la compañía desde el 2002 hasta el 2004. Le atribuye al grupo español Marsans haber contabilizado una deuda en su favor que sería ficticia. La denuncia también se tramita en tribunales de Madrid, debido a que involucra dinero supuestamente transferido en su momento por la estatal SEPI (ex controlante de Aerolíneas) a Marsans.
El Estado realizó las impugnaciones en su calidad de accionista minoritario de la empresa. Su participación es apenas del 1,25 por ciento, pero es suficiente para bloquear los balances. En octubre pasado, además, el Gobierno se presentó ante la Justicia para pedir la anulación de todo lo actuado en la asamblea de accionistas de la compañía que aprobó los resultados del 2004. Aunque esa posición de dureza terminó primando, Lavagna chocó con De Vido porque el titular de Planificación defendía una estrategia más flexible. Jaime, quien forma parte de esta última cartera, llegó a proponer la aprobación del balance de 2004.
Cirielli, quien también integra el Ministerio de Planificación, está en la vereda opuesta. En septiembre pasado propuso “reargentinizar Aerolíneas Argentinas”. Lo hizo mientras Kirchner estaba en Nueva York en la ONU y discutía con Rodríguez Zapatero por las “irregularidades inadmisibles” de Marsans. “La empresa no está haciendo las inversiones que tiene que hacer”, denunció Cirielli en aquella oportunidad. También dijo que el Gobierno no tenía inconvenientes de hacerse cargo transitoriamente de la empresa. “Aerolíneas no dejará de volar, y no será una estatización, porque se buscará un comprador”, afirmó.
Sus dichos provocaron la inmediata desmentida del canciller Rafael Bielsa, quien comentó desde Nueva York que en la reunión de Kirchner y Rodríguez Zapatero “no se habló de rescindir el contrato, ni del retiro de Marsans, sino de la insatisfacción del Gobierno. Se planteó que la empresa tiene problemas y debe solucionarlos”.
La impugnación de los balances impide a Marsans salir a la Bolsa, objetivo que persigue desde hace años. De allí las constantes gestiones del presidente de Aerolíneas, Antonio Mata, para revertir esa situación. Pero hasta el momento no tuvo éxito. Antes de que estallara el conflicto por los salarios, la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) fueron a la Casa Rosada a advertirle a Kirchner que Marsans estaba desinvirtiendo en Aerolíneas y trasladando activos a Austral, la otra empresa del grupo junto a Jet Paq, Optar y Aero Handling.
El traspaso cuestionado fue el de cuatro aviones MD que hoy forman parte de la flota de Austral. Ese fue uno de los ejemplos que le dio Kirchner a Rodríguez Zapatero cuando se quejó por los manejos de Marsans. En el 2001, el estado español, a través de la SEPI, decidió ceder Aerolíneas a Marsans (de fuerte desempeño en el rubro turismo) y además le concedió 754 millones de dólares para reflotar la compañía.