El anuncio no podría ser más oportuno. A pocas horas de asumir su cargo, la nueva ministra de Economía logra acordar una rebaja de precios del 15 por ciento con las grandes cadenas de supermercados, las que hasta hace unos días le habían dado la espalda a los acuerdos propuestos por Roberto Lavagna, con la excusa de que no eran formadores de precios. Lo mismo puede decirse del compromiso de congelar los precios por dos meses suscripto por Sancor, una de las dos empresas líderes en lácteos, otro sector que se había declarado rebelde a Lavagna.
El éxito político de esos gestos está a la vista: al inicio mismo de su gestión, Felisa Miceli consigue avanzar en una negociación en la que Lavagna había fracasado y, peor aún, se mostraba resignado a un resultado desfavorable.
En el medio, claro, estuvieron las acusaciones de Kirchner contra Alfredo Coto y los supermercadistas de “cartelizar” los precios y “saquear el bolsillo de los argentinos”. Y las declaraciones de Lavagna, en la conferencia de IDEA en Mar del Plata, eludiendo toda confrontación con los hombres de negocios y diciendo que no era su misión “interpretar la palabras del presidente”.
Por lo sucedido ayer es evidente que para los supermercadistas no era lo mismo negociar con un subsecretario de tercera línea del Ministerio de Economía o deparar amablemente con un flemático Lavagna, que tratar cara a cara con un presidente peligrosamente amenazante, después de haber acumulado todo el poder político que una democracia puede concederle. No es la primera vez que Kirchner apela a la diatriba para sentar a la mesa al poder económico.
Dicho sea de paso, el pacto con los supermercados revela, además, la creciente injerencia del ministro de Planificación, Julio De Vido, en las negociaciones con los empresarios. La letra chica de las conversaciones fue escrita por su secretario de Comunicaciones, el economista Guillermo Moreno, y el nuevo secretario de Coordinación Técnica de Economía es otro hombre de su confianza, Lisandro Salas, quien tendrá bajo su órbita la estratégica repartición de Defensa del Consumidor y de la Competencia.
El anuncio también es oportuno en lo económico. Diciembre es un mes muy delicado en materia inflacionaria, por el salto de la demanda que ocasionan las fiestas, y también lo es enero, por la estacionalidad de las vacaciones en las actividades vinculadas con el turismo (hoteles, viajes, restaurantes), cuyo impacto en el índice del Indec no es despreciable. Con una inflación para noviembre que rondará el 1,1 por ciento, ahora el gobierno puede albergar alguna esperanza de que ese no sea el piso inflacionario para los dos meses subsiguientes.
Sin embargo, no todo es tan brillante como luce a primera vista. Primero, todavía no está definido el listado de 200 a 250 productos, entre alimentos, vestimenta y artículos de tocador, que serán ofrecidos con el descuento del 15 por ciento hasta el 31 de enero próximo. Segundo, tampoco está claro cómo hará el Gobierno para monitorear que las rebajas sean tales, y no simplemente “publicidad engañosa”: es decir, productos que se promocionan en oferta después de haber sido convenientemente remarcados
Finalmente, como en todos los acuerdos anteriores firmados por este Gobierno, no se explicita cuáles son las penalidades que aplicaría el Estado en caso de incumplimiento por parte de los empresarios.