Carlos Alberto Labolita fue amigo y compañero de Néstor Kirchner durante los años de militancia en la Juventud Universitaria Peronista. En abril de 1976 dos autos sin identificar se lo llevaron de la casa de sus padres en Las Flores, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Con el retorno a la democracia, el juez federal Jorge Ferro declaró como responsables prima facie de su desaparición al general retirado Pedro Pablo Mansilla y al coronel Alejandro Guillermo Duret aún en actividad. Ninguno de los dos fueron presos. El juez se declaró incompetente y los dos militares fueron beneficiados por las leyes de impunidad. La causa se reactivó el año pasado y desde el último viernes ambos están detenidos a disposición del juez federal Juan José Comparato. El juzgado ayer indagó a Mansilla, hoy será el turno de Duret. El juez tiene diez días para ordenar o desestimar los procesamientos.
Labolita quedó detenido el 25 de abril de 1976. Cinco días después, tras varias jornadas de picana, dos autos sin identificación lo llevaron hasta la casa de Las Flores donde vivían sus padres. Carlos estaba encapuchado, esposado, descalzo y con signos de tortura en el cuerpo, contó su mujer Gladys D’Alessandro tiempo después. Ese 1º de mayo junto a él se llevaron a su mujer que fue liberada a las cinco de la madrugada detrás de la estación del tren. La familia de Carlos nunca volvió a verlo, pero su madre reconoció a Duret entre los que entraron a su casa ese día.
El ahora coronel Alejandro Guillermo Duret, alias Porra, permaneció en actividad hasta la madrugada del viernes pasado, cuando la Justicia federal de Azul ordenó su detención. Con el legajo 0676/2297 de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Duret integró durante el ’76 el grupo de tareas CCD Grupo Artillería Blindada 1 de Azul Coronel Chilavert con el grado de teniente. La unidad estaba a cargo del ahora general retirado Pedro Pablo Mansilla y dependía del Primer Cuerpo del Ejército comandado por Guillermo “Pajarito” Suárez Mason.
El juez federal Jorge Ferro avanzó sobre el caso Labolita desde la apertura democrática hasta 1985, cuando tras detectar la responsabilidad de los dos militares se declaró incompetente y pasó el expediente al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Las leyes de impunidad luego hicieron el resto. Todavía como teniente, Duret pasó un año en Teherán y en 1994 quedó designado para comandar el grupo de artillería de Neuquén en el que fue asesinado el soldado Omar Carrasco. “Esto no es Auschwitz –dijo entonces–, ni Treblinka ni Sobibor”.
Hasta agosto del año 2000, nada nuevo se supo de Duret hasta que su nombre se volvió centro de otro escándalo cuando una presentación de los organismos de derechos humanos obligó al Congreso a impugnar su ascenso, más tarde convalidado por Fernando de la Rúa.
La causa Labolita se reabrió el año pasado a pedido de su mujer y su padre, querellantes en el expediente junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Junto a esa causa, la secretaría impulsó en el juzgado de Azul una investigación sobre los centros de detención clandestinos que funcionaron en Tandil, Azul, Las Flores y Olavarría, radio de influencia del CCD 1. Hasta marzo y abril de este año, ninguna de las causas había avanzado porque a criterio del juzgado debían ser investigadas en el marco del expediente del Primer Cuerpo del Ejército en Capital. Las partes apelaron la decisión del juzgado y una resolución a favor de parte de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata provocó el vuelco en los dos expedientes, uno de los cuales el caso Labolita provocó el último giro sobre la situación de los militares.
Mansilla, de 74 años, ayer se negó a declarar. Sus abogados pidieron el beneficio de la prisión domiciliaria porque el ex general padece una enfermedad terminal. Eduardo Rezses, abogado de la secretaría, observó con ánimo el proceso de los últimos días. “Es la primera vez –dijo– que una ciudad con las características que tienen estas ciudades del interior de una provincia se anima a ordenar la detención sobre un militar.”