Adolfo Uriona asumió en Añatuya cuando su predecesor, Antonio Baseotto, fue designado Obispo Castrense. Baseotto provocó el mayor cortocircuito en muchos años entre la Iglesia y el Estado Nacional, cuando dijo que el ministro de Salud Ginés González García merecía que le ataran una piedra de molino al cuello y lo tiraran al mar, por haber distribuido preservativos y abierto el debate acerca de la eventual despenalización del aborto. El gobierno nacional entendió que con esa metáfora reivindicaba los métodos de exterminio de la dictadura militar y solicitó su reemplazo al Vaticano. La Santa Sede respondió que no había razones canónicas para ello. El Poder Ejecutivo retiró el acuerdo que había otorgado para la designación de Baseotto. De ese modo dejó de reconocerlo como Obispo castrense y también le quitó su sueldo de 5000 pesos mensuales como subsecretario de Estado.

En 1986 Juan Pablo II convirtió los vicariatos castrenses de todo el mundo en obispados como los demás, sólo que con jurisdicción personal y no territorial. En 1992 la Santa Sede y el gobierno del presidente Carlos Menem incorporaron esa reforma a los tratados de 1957 y 1966, mediante cartas reversales que, de acuerdo con el deseo del Vaticano, sustrajeron la cuestión del análisis del Congreso. La sede apostólica y el Estado Nacional discrepan sobre la interpretación de los tratados vigentes en el caso Baseotto. El papado entiende que la facultad se limita a prestar el acuerdo y el presidente Néstor Kirchner interpreta que así como lo otorga puede retirarlo si sobrevienen causas políticas generales como las contempladas en el Concordato. La situación del Obispado Castrense era otro de los temas que Bergoglio se proponía discutir en Roma. Baseotto recién llegará a la edad de la jubilación obispal en abril de 2007. La prórroga de la actual situación por otros catorce meses es la hipótesis más optimista. El Episcopado sospecha que si el Papa no designa a un nuevo Obispo Castrense, el gobierno podría denunciar el tratado y suprimir esa estructura. Una fecha temida en ese sentido es el 24 de marzo, cuando se cumplan 30 años del golpe de 1976. Pero otras novedades pueden producirse esta semana.

Baseotto había sido denunciado por tráfico de bebés en Añatuya, primero por el ex diputado justicialista Néstor Floridia y luego por la Fundación Adoptar. Esos cargos dieron lugar a una causa judicial que nunca avanzó. La Fundación Adoptar filmó hace poco testimonios de madres que narraron haber entregado a religiosas dependientes de Baseotto a sus bebés recién nacidos, a cambio de ropa, alimentos, dinero o la construcción de mejoras en sus viviendas. El Superior Tribunal de Justicia ordenó una auditoría en los juzgados de la provincia y detectó que el de Añatuya registraba un record absoluto en número de adopciones. Según el diario El Liberal, entre febrero de 1995 y noviembre de 2002 el Juzgado en lo Civil y Comercial de Añatuya entregó en adopción a un niño por cada día hábil. Su descenso fue abrupto a partir de la auditoría. Una persona mencionada en las denuncias de las madres que dijeron haber entregado sus hijos es el ex chofer de Baseotto. Luego de años de silencio, el chofer aceptó contar lo que sabía y permitió que un canal de televisión grabara su testimonio.