La Sala Juzgadora de la Legislatura tomó declaración ayer a diversos funcionarios porteños propuestos por la defensa de Aníbal Ibarra. Sus testimonios apuntaron a deslindar la responsabilidad del suspendido jefe de Gobierno en la supuesta falta de respuesta a las denuncias sobre irregularidades en boliches y locales comerciales que le endilga la acusación.

El paso de los funcionarios porteños por la Legislatura generó algunos momentos de tensión. Los principales contrapuntos se plantearon con Jorge Enríquez, uno de los legisladores que actúa como fiscal, y con Helio Rebot, un kirchnerista que volvió a mostrarse muy poco amistoso con el jefe de Gobierno.

La secretaria de Hacienda, Marta Albamonte, mantuvo un fuerte entredicho por la asignación de recursos en las áreas de control y lo mismo ocurrió con la ex secretaria de Gobierno y Control Comunal y actual diputada, Silvana Giudici: en su caso, fue Rebot quien la cuestionó por su desempeño en la administración porteña.

Una de las primeras en declarar fue la directora general de Asuntos Políticos y Legislativos, Karina Martínez Liss, quien aseguró que los pedidos de informe que desde la Legislatura se remiten al Ejecutivo “se giran a la secretaría correspondiente” y no al despacho de Ibarra.

La directora general de Control y Seguimiento de la Jefatura de Gabinete, Sandra Castillo, señaló en el mismo sentido que los pedidos de la Defensoría del Pueblo “ingresan a la mesa general del gobierno, donde son separadas y distribuidas en las secretarías correspondientes”.

Entre los testigos propuestos por la defensa estuvo también Nicolás Corradini. Se trata de uno de los integrantes de la Auditoría General de la Ciudad, quien aseguró que “las auditorías no alcanzan al jefe de Gobierno” y que “sólo se le comunica en última instancia cuando hay reticencia de un funcionario” en brindar informes.

El propósito de la defensa fue poner en evidencia a partir de esos testimonios que un jefe de Gobierno no está directamente involucrado en todo lo que hace su administración. Julio César Strassera, defensor de Ibarra, destacó con ese objetivo que “el jefe de Gobierno no puede ocuparse de todo, delega en una persona a quien da su confianza”.