“Para el Gobierno, esta ley es un retroceso en las medidas que ha tomado para relegitimar al Poder Judicial. La percepción de que se hace para manipular la Justicia es grave”, considera Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones que cuestionaron duramente la reforma del Consejo de la Magistratura. Chillier es abogado y tiene una maestría de Derecho en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Trabajó en dos ONG de derechos humanos: Global Right y WOLA (Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos). Desde allí desembarcó, ante la salida del director anterior, Víctor Abramovich, hacia la CIDH. Chillier ve un crecimiento del poder de la Corte Suprema a partir de esta reforma. Y, fundamentalmente, un fortalecimiento del corporativismo en la Justicia.

–¿Cuáles son las objeciones que plantean a la reforma impulsada por el kirchnerismo?

–La principal objeción es que este proyecto, lejos de romper con la lógica de la corporación judicial, la fortalece.

–¿Por qué?

–Porque, por un lado, le devuelve el control de presupuesto a la Corte Suprema. Fortalece en particular a esta institución, que estuvo tradicionalmente a cargo del Poder Judicial a través del control de presupuesto, la gestión administrativa, las reglamentaciones de superintendencia y la disciplina de los empleados. Nosotros creemos que el mayor problema de este proyecto es el refuerzo del rol de la corporación judicial en la definición de la justicia como un servicio a la comunidad. Y significa un empobrecimiento de la discusión sobre la Justicia en nuestro país.

–¿Qué elementos intervienen en esa discusión?

–Habría que plantearse qué necesita la Justicia para ser más democrática: por ejemplo, la descentralización. Se podría acercar la Justicia a la gente, que haya juzgados en los barrios, y sacarla de la caja de cristal en la que está. Los problemas que la sociedad se plantea son el no pago de impuestos a las Ganancias, las vacaciones, el horario diferencial del Poder Judicial. No es que el Consejo de la Magistratura las estuviera tratando bien, pero había un espacio plural y democrático donde la sociedad civil podía discutir estas cuestiones, que no son tan inocentes. A partir de este proyecto, no se va a poder discutir.

–Kirchner llamó a votar contra la “resistencia corporativa”, ¿qué plantean ustedes respecto de esto?

–El argumento principal del Gobierno, que es modificar el corporativismo, no se cumple. El Consejo, incluyendo los sectores políticos, no va a tener oportunidad de discutir estas cuestiones, porque le devuelve estas facultades a la Corte Suprema.

–¿Qué piensan de la nueva composición?

–Se fortalece la presencia de la representación política mayoritaria, que actualmente es del Gobierno. Esto puede variar, pero el hecho de quitar a las segundas minorías del Congreso y de los Colegios de Abogados les quita diversidad política y cierta riqueza a los debates. No tenemos elementos para decir que es una medida para manipular la Justicia, sin embargo se ha creado la percepción en la opinión pública de que se hace para manipular. Para el Gobierno, es un retroceso en las medidas que ha tomado para relegitimar al Poder Judicial, a través de la autolimitación de la designación de la Corte. La percepción de que se hace para manipular la Justicia es suficientemente grave. Se ha magnificado en el debate público el tema del número de miembros y se perdió de vista el fortalecimiento de la corporación judicial en la regulación de la administración de justicia.

–Tras la reforma, ¿qué problemas seguirán pendientes en el Consejo?

–Esta reforma no resuelve las cuestiones de ineficiencia del Consejo. Está bien que unifiquen las comisiones de Acusación y Disciplina, pero las falencias en cuanto a la eficiencia no están tratadas en esta ley. Eso se podría modificar reglamentariamente para agilizar los procesos de disciplina, de remoción y de designación de los jueces.

–¿Qué opina del plazo perentorio que plantea la ley para los juicios?

–Se establecen tres años de plazo de caducidad para cerrar la investigación de un juez denunciado. Este era un gran reclamo de los jueces que se incorpora en esta reforma.

–¿Qué sensación le deja la forma en la que se avanzó con esta reforma en el Congreso, sin aceptar modificaciones?

–No había razones para la urgencia en la sanción de esta ley. Lo bueno es que ahora todo el mundo sabe lo que es el Consejo de la Magistratura, pero este conocimiento no redunda en un beneficio para la democratización de la Justicia. Teniendo en cuenta que la administración de Justicia es una cuestión que afecta a todas las personas, esta ley se merecía una discusión y un intercambio de ideas que hubiera mejorado finalmente el proyecto del Gobierno.

Reportaje: Werner Pertot.