Héctor Masnatta es uno de los pocos juristas que fundamentó a favor del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. “No hay un número mágico para expresar matemáticamente el famoso equilibrio, que se mantiene en la reforma”, sostiene Masnatta, ex miembro de la Corte Suprema (entre 1973 y 1976), ex titular de la Auditoría General de la Nación en 1993 y ex convencional constituyente en 1994. Luego de que se conoció su opinión, fue convocado por el bloque del Frente para la Victoria para discutir sobre los argumentos a favor del proyecto K. Masnatta piensa que las críticas a la reforma son un intento de deslegitimación a un gobierno democrático, similar a los que ocurren –a su modo de ver– con el presidente boliviano Evo Morales o el venezolano Hugo Chávez.

–¿Por qué piensa que argumentó a favor de la reforma en soledad?

–Ignoro la motivación de los demás. Creo, con (Arturo) Sampay, que jurista es quien aprecia qué dirección llevan las corrientes contemporáneas del pensamiento y cómo actúan los grupos de la población interesados en instaurar la justicia y los que se oponen a ella para conservar sus privilegios. Yo, que me considero amortizado para cualquier expectativa, he asumido siempre el riesgo de aplicar esa tipología a mi comportamiento. He creído que mi deber era expresarme en favor de la reforma. Y lo he hecho.

–¿Por qué cree que hay tanta resistencia a este proyecto?

–En la reunión del bloque señalé el acierto de (el filósofo José Pablo) Feinmann al caracterizar la deslegitimación en curso a los gobiernos legítimos. El tema del Consejo me parece que es el banco de prueba local de esa estrategia de choque, que se intenta contra Chávez, Evo Morales y Néstor Kirchner. Al no poder argumentar por un déficit de la legitimación de origen, se sostiene que se van deslegitimando por el ejercicio del poder. Entonces se les imputan hegemonismo, hiperpresidencialismo, autoritarismo, acoso de los medios. Desde el pullover boliviano a la comparación con Hitler...

–¿Se reconoce como kirchnerista?

–Yo nunca fui ni menemista ni duhaldista. Siempre fui pe-ro-nis-ta.

–La oposición plantea que la reforma es inconstitucional...

–En una opinión que he publicado en estas páginas están sintetizadas las razones que descartan la inconstitucionalidad, la objeción del pretendido “bloqueo” y la imposibilidad de un “equilibrio” en su alcance semántico. El libro de los padres fundadores de la Constitución norteamericana ya decía que todos los que gozan de un poder deben tener los instrumentos para resistir la ambición de los demás detentadores. Y (Juan Bautista) Alberdi señaló que si no se aprehende el término en su alcance político, toda potencia queda reducida a nulidad. Es risible hacer hincapié en ese término cuando el oficialismo, si quisiera descartar algún ternado, cuenta con el resorte del acuerdo del Senado que culmina obligatoriamente el proceso de designación de un juez. Entonces, ¿se va a sostener que es inconstitucional el artículo 99 inciso 4 de la Constitución? El acuerdo está en la ley a reformar: no hay ningún fallo que haya objetado la constitucionalidad del mecanismo. Y este Gobierno ha hecho cien designaciones con ese sistema.

–Volviendo al problema del equilibrio...

–Lo que dice la Constitución es que la ley establezca un “modo de procurar el equilibrio” y el sistema obliga al consenso. En efecto, la composición del Consejo es pluralista. El funcionamiento, quórum y decisiones, sistema de concursos presuponen el diálogo, que es madre del consenso para procurar ese equilibrio.

–¿Cómo se va a lograr a partir de esta reforma?

–El mecanismo elegido por la ley es que a futuro se obliga a negociar, insta a la cooperación, al acuerdo, no a la coerción. No hay un número mágico para expresar matemáticamente el famoso equilibrio. (Raúl) Zaffaroni, en la Convención Constituyente, bregó para que la Constitución estableciera porcentajes. No se logró. La ley, más inteligente que el legislador, diseñó una respuesta institucional. Eso se mantiene en la reforma. Lo demás son prejuicios, no explicaciones válidas.

–O sea, ¿no va a implicar una mayor injerencia del Poder Ejecutivo?

–El Poder Ejecutivo nombra un solo representante. El oficialismo tendría cuatro legisladores, lo que suma cinco con legitimación popular frente a ocho del resto. La mayoría especial que se requiere es de nueve votos. Por lo que no veo cómo, aún suponiendo que haya una obediencia total de los representantes, el Poder Ejecutivo tenga tal injerencia.

–¿Qué beneficios reporta esta reforma?

–Creo que, tal vez por sagacidad o por la fortuna de que hablaba Maquiavelo, la reforma previno el “desequilibrio” que resultaría hoy de continuar vigente la ley 24.937 ante la heterogénea oposición alineada y fotografiada últimamente. La reforma aparece como medio de promover el consenso, pero teniendo presente que “el que gana, gobierna y el que pierde, ayuda”. Y eso no lo dijo Kirchner, sino Ricardo Balbín.

Reportaje: W. P.