Mié 19.04.2006

EL PAíS • SUBNOTA

El juez ordenó detenciones

Mientras avanza el proceso contra Patti en Diputados, la Justicia dio ayer un paso adelante. El juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la detención de tres imputados en la masacre de la calle Juan B. Justo, en la cual fue asesinada la compañera de Gastón Gonçalves, Ana María Granada, junto a otros dos adultos y dos niños. El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 1976, fue un operativo conjunto del Ejército y la policía bonaerense. El único sobreviviente fue Manuel Gonçalves, que tenía cinco meses. Esa causa es paralela a la que se instruye por el asesinato de Gonçalves. Los imputados, que fueron detenidos ayer, son el comisario de la Policía Federal Jorge Muñoz, el suboficial de la bonaerense Carlos Alberto Azzaro y el teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, que fue el jefe del área militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás entre 1975 y 1977. Saint Amant es el principal responsable de la represión ilegal en esa ciudad y deberá responder también ante la Justicia por el homicidio del obispo Carlos Ponce de León y por el secuestro y asesinato de Carlos Benjamín Santillán y María Cristina Lanzillotto, cuyos restos fueron recientemente reconocidos por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Saint Amant, de 72 años, está imputado además por 147 desapariciones, 27 secuestros y por torturas, robos y apropiaciones de menores. Entre 1979 y 1981 fue agregado militar en la Embajada Argentina en Perú y también está sospechado de la desaparición de ciudadanos argentinos en el marco del Plan Cóndor. “Estamos exigiendo desde junio del año pasado una serie de medidas en las dos causas, una de ellas era la detención de estos tres represores, pero sigue pendiente la indagatoria y encarcelamiento que solicitamos respecto de Patti, Fernando Meneghini y Omar Marelli por el caso de Gastón (Gonçalves)”, explicó a Página/12 la abogada Ana Oberlín. Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho, señaló que la detención sirve “para que se vea que se trataba de un plan sistemático de exterminio que se aplicaba en cualquier centro urbano, fuera grande o pequeño”.

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