El vocero más sólido a favor del represor Luis Patti fue el diputado macrista Jorge Vanossi. “Su candidatura no fue impugnada en su oficialización ni ante la Justicia Electoral, y si se trata de una cuestión de ética o de moral lo fundamental es respetar los principios institucionales como el principio de inocencia, del que no se puede prescindir”, argumentó el legislador ante la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. A su turno, el diputado del Paufe Juan Carlos Bonacorsi afirmó que “no hay ninguna causa constitucional que impida a Patti cumplir con el mandato popular, ninguna inhabilidad ni irregularidad en el proceso de su elección, de modo que están pasando por encima de las instituciones con un juicio para el cual esta cámara no está habilitada”.

El partido de Patti (Paufe) elaboró un dictamen en minoría, al igual que la diputada “mano dura” Mirta Pérez, la derecha del PRO aliada a los provinciales y el radicalismo. El vicepresidente de la comisión, el radical Pedro Azcoiti, dijo que los argumentos los darán el 23 en el recinto. Ayer al mediodía, la diputada Silvana Giudici planteó ante el bloque sus diferencias respecto de avalar la asunción de Patti, y logró algunas adhesiones de Miguel Angel Giubergia, el entrerriano Sergio Varisco y la marplatense Vilma Baragiola. Hasta el día de la sesión este grupo aspira a conseguir la libertad de conciencia por parte de las autoridades de la bancada. En caso de no obtenerla, podrían optar por ausentarse esa jornada. “¿Qué explicación les damos a los pibes de Franja si apoyamos a Patti?”, se preguntaba uno de ellos por los pasillos.

La defensa del ex subcomisario armó su estrategia en cuatro puntos fundamentales:

- La ausencia de condenas o sentencias firmes judiciales en los casos que se le imputan.

- La interpretación de que la atribución de la cámara de juzgar los títulos y derechos de sus miembros debe limitarse a una evaluación formal sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 48 de la Constitución.

- La afirmación de que el momento de la presentación de impugnaciones era en ocasión del registro de la candidatura y debía ser dirimido por la Justicia Electoral.

- El planteo de que la inhabilidad moral tal cual lo estipula el artículo 66 es una acusación procedente sólo una vez que la persona está ejerciendo en su cargo.