Las manifestaciones volvieron ayer al centro porteño, esta vez para protestar por la crítica situación generada en la salud pública. Por un lado, profesionales y empleados de hospitales bonaerenses y por otro, pacientes diabéticos, reclamaron a pocas cuadras de distancia entre sí, para llamar la atención de las autoridades sobre sus problemas.
La más importante en términos cuantitativos fue la manifestación de los médicos y no profesionales de hospitales estatales bonaerenses, convocada por la Cicop, en la que alrededor de 600 personas se encolumnaron al mediodía frente al Congreso y se dirigieron a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, primero, y al Ministerio de Salud después, donde realizaron un abrazo simbólico al edificio. La marcha tuvo como fundamento la crítica situación generada en los hospitales públicos a raíz del desabastecimiento de medicamentos e insumos –jeringas, sueros, agujas, placas y guantes, entre otros– y el reclamo del pago de salarios adeudados. Participaron trabajadores de los hospitales Boccalandro, de Tres de Febrero; Lucio Menéndez, de Almirante Brown; Larcade, de San Miguel, e Interzonal Evita, de Lanús, entre otros.
Los participantes advirtieron que la “crisis de aprovisionamiento de los hospitales de la provincia ya empieza a generalizarse en los distintos puntos del país” y que la atención sanitaria nacional se encuentra en “estado crítico”. Señalaron también que a esta problemática se sumó “la crítica situación de los trabajadores de la salud, que no hemos cobrado en la provincia de Buenos Aires nuestro salario del mes de diciembre”.
Por su parte, en Plaza de Mayo, un grupo compuesto por pacientes diabéticos, familiares y varios organismos que asisten a personas insulino-dependientes, realizaron una protesta en reclamo de medidas políticas inmediatas contra el desabastecimiento de medicamentos en las farmacias. Los manifestantes solicitaron el cumplimiento de la ley 23.753, que garantiza la cobertura del 100 por ciento del medicamento y los materiales descartables y el 70 por ciento de las tiras reactivas para toda persona diabética, cuente o no con cobertura de obra social o prepaga. Néstor Loreto, presidente de la Asociación de Diabéticos de Buenos Aires, anticipó además que pedirán al Gobierno la normalización en la distribución del medicamento, pero también una investigación “para ver quién se queda con la insulina, porque en el país hay solamente cuatro laboratorios, que trabajan con dos o tres droguerías cada uno”.