También comienzan a conocerse en estos días algunas reacciones dentro del Poder Judicial ante la pretendida reforma. El camarista de apelación y garantías de San Isidro, Raúl Borrino envió una nota al ministro de Justicia en la que afirma la necesidad de modificar la estructura del Ministerio Público Fiscal, que “ha sido uno de los lugares de mayor fracaso y desarreglo”. Borrino es el juez que en 1990 procesó por torturas al comisario Luis Patti, lo cual motivó una ocupación de su tribunal incitada por los políticos justicialistas (el gobernador era Antonio Cafiero y su ministro político José Díaz Bancalari) con lo cual se logró apartarlo de la causa y garantizar la impunidad del policía, que así comenzó su carrera política. La sala que integra también concedió numerosos hábeas corpus correctivos por el agravamiento en las condiciones de detención de personas privadas de su libertad. Según su opinión, que también envió al presidente de la Suprema Corte, Francisco Roncoroni, debe deshacerse la estructura jerárquica del Ministerio Público “y darle independencia a cada fiscal”, ya que tienen Acuerdo del Senado, inamovilidad en su cargo y se los equipara a un juez. “No pueden estar funcionarios de ese nivel sometidos a una férula disciplinaria. Y he ahí el desarreglo: se ha gestado por la jerarquización y dependencia de los fiscales, una suerte de centralización despótica y desilustrada en buena parte de los casos departamentales, que constituye un verdadero peligro para la salubridad de la vida pública de las comunidades”. Según Borrino “nunca se vieron actos tan obscenos de despotismo en general que traen desprestigio a la administración de justicia. Se ha perdido la transparencia del Ministerio Fiscal. Debe reformarse la ley de Ministerio Público, incluir la figura de Defensor General e independizar a los fiscales. Los fiscales generales deben quedar sólo como coordinadores y para actuar ante las apelaciones y para guiar temas muy generales”. Esta opinable propuesta se explica por las circunstancias particulares de San Isidro, el Departamento Judicial donde más conflictiva ha sido la relación entre jueces y fiscales. A Borrino le ha tocado lidiar con Julio Novo, un fiscal que hace gala de uso de armas y, escondido en un techo, mató de un disparo en la espalda a un adolescente que entró a robar a su casa.

Borrino también consideró indispensable que la reforma alcance al Consejo de la Magistratura, con una composición que privilegie como requisito la idoneidad profesional y moral, que “no puede sustituirse por la discrecionalidad de nadie en la designación de personas para cargos vitalicios”. Esta es una crítica implícita al propio Di Rocco, quien ha promovido a la magistratura a funcionarios denunciados por proteger a agentes penitenciarios que atormentaban a las personas privadas de su libertad. En su comunicación con la Suprema Corte, el camarista propuso que retire a los jueces que integran el Consejo de la Magistratura para “no cohonestar con su presencia designaciones torcidas, contrarias a derecho”. La mayoría silenciosa se prepara en cambio para una resistencia pasiva que frustre aquellas innovaciones razonables que también contiene el proyecto.