“Es un aporte científico, consultivo e imparcial”, dijo el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, al dar a conocer ayer un estudio que le encargó a la Universidad La Sapienza de Roma, en el que se cuestiona el “rigor científico” de los dos informes ambientales que liberaron el financiamiento del Banco Mundial para la pastera que Botnia construye en Fray Bentos. Las críticas conclusiones de los científicos italianos fueron entregadas hace dos semanas al presidente Néstor Kirchner y a la Cancillería y hoy serán recibidas por los asambleístas de Gualeguaychú, Colón y Concordia, junto a un pedido de Pérez Esquivel: “Una tregua en los cortes de ruta” como una ayuda a la presentación jurídica y ambiental que la Argentina deberá hacer ante la Corte de La Haya el 18 de enero próximo.

“No debemos olvidarnos que quien decidió llevar el conflicto a la Corte Internacional, para que emita un veredicto que es inapelable, ha sido el Estado argentino. Tampoco que todas las resoluciones que el tribunal ha tomado hasta ahora han sido desfavorables para nuestro país”, dijo Pérez Esquivel a Página/12 para explicar que el estudio que personalmente encargó a la universidad romana puede ser un aporte importante a la minuta que –sobre el tema de fondo– la Argentina debe presentar en La Haya a mediados de enero. “La Corte Internacional le cuestionó a nuestro país la falta de elementos probatorios”, también recordó el Premio Nobel.

El estudio que coordinó el científico Marcelo Conti –en el que colaboraron otros tres profesores de la universidad italiana– se realizó sobre las Evaluaciones de Impacto Ambiental de las consultoras internacionales EcoMetrix y Hatfield para Botnia y el BM, que destrabó el crédito de 150 millones de dólares destinados a la planta que la compañía finlandesa construye sobre la costa oriental del río Uruguay.

Allí concluyen que “el informe de EcoMetrix es un conjunto de informaciones interesantes, presentando muchos temas más como una recopilación de datos y elenco de problemas sin resolver”. Además, alega que el estudio carece de un análisis de riesgos y de una evaluación de la biodiversidad actual, al tiempo que no discute el potencial contaminante del dióxido de cloro usado en el proceso de blanqueo, según la calidad del papel. Respecto del trabajo de Hatfield, se cuestiona que no incluya indicadores de impacto ambiental a ser usados en los planes de monitoreo ni cálculos de previsión de impacto para “plantas de celulosa, que son una de las industrias más contaminantes”.

“No es la primera vez que intentamos buscar un acercamiento entre los gobiernos. Lo hicimos con artistas e intelectuales, pero ninguno de los presidentes nos contestó a la propuesta”, insistió Pérez Esquivel ante este diario. Tampoco tuvo respuestas esta vez.

–¿También le presentó el estudio a la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti? –le preguntó Página/12.

–Sí, pero la única pregunta fue “cuánto cuesta el estudio”. Si esa es la única duda, estamos mal. El estudio es un aporte del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para tratar de arribar a una solución del conflicto.

Ahora, el Premio Nobel de la Paz espera una respuesta más reconfortante de los asambleístas entrerrianos, a quienes les pidió una tregua en los bloqueos de los pasos internacionales, “para generar espacios de diálogo y encontrar fundamentos adecuados desde el campo científico y político que permitan avanzar en el entendimiento”.