Los radares de control de velocidad fueron suspendidos en la provincia de Buenos Aires en 1998, apenas tres años después de su instalación. Pero nunca se prohibieron definitivamente, sino que se realizaron sucesivas interrupciones provisorias a su vigencia, por períodos de 240 días, mediante leyes sancionadas en la Legislatura bonaerense. La última prórroga está vencida, por lo cual, la idea de reactivar el uso de radares no tendría mayores complicaciones para concretarse.

En efecto, la última suspensión ya caducó, y su renovación sólo fue aprobada por el Senado provincial en diciembre último y todavía se encuentra en la Cámara de Diputados, que aún debe expedirse.

Al mismo tiempo, el gobierno provincial puso en funcionamiento el primer día hábil de este año un programa que utiliza los radares para medir la velocidad a la que circulan los automóviles en las zonas consideradas más peligrosas. Esas mediciones, hasta ahora, no se utilizan para labrar multas. Sólo servían para constatar si había exceso o no, y en caso de existir detener el vehículo y hacerle una advertencia al conductor.

En la provincia, el sistema de radares se comenzó a instalar en 1994, y en 1995 se puso en funcionamiento en varios municipios, sobre todo aquellos por los que pasan las rutas que llevan a la costa atlántica. Para su mantenimiento, estaban habilitadas las empresas Sivsa, Buenos Aires Vial, Servitec y Equys. No llegó a pasar un mes para que comenzaran las protestas de los conductores, que con el tiempo llevaron a que los artefactos fueran conocidos popularmente como “cazabobos”.

Además de cuestionamientos a la ubicación que se les daba a los tacógrafos, y hasta a la escasa distancia entre un cartel de velocidad máxima y el siguiente, también se puso en tela de juicio la veracidad de los datos que entregaban. Con cada verano que pasaba, la polémica crecía, y muchos conductores se negaban a pagar las multas. Frente a eso, en 1998 se decidió la primera suspensión que, tras varias prórrogas, llegaría ahora a su fin.