Sin motivación visible, el pasado 6 de julio sacó su arma en medio de una avenida Cabildo llena de gente. Sin apuntar a nadie y apuntando a todos, disparó a mansalva. Mató al joven Alfredo Marcenac, hirió a otras seis personas y luego huyó en colectivo. Para el Registro Nacional de Armas (Renar), Martín Ríos era un tenedor legítimo de armas. Había superado –no una vez, sino dos– las pruebas que el organismo realiza para entregar la licencia. El episodio generó críticas tanto hacia el Registro y sus métodos, como hacia las políticas estatales sobre el tema armas. A partir de allí, se implementaron nuevas condiciones para lograr el permiso, como un examen exclusivamente psíquico, en lugar del laxo psicofísico anterior. Adrián Marcenac, padre de Alfredo, sostiene que los cambios “se quedan a mitad de camino” y reclama “un reempadronamiento total” de las licencias.

La disposición 197 del año 2006 es la que refleja las mayores novedades en los requisitos del Renar. En ella se dividió el viejo examen psicofísico, que en muchos casos hacía foco casi exclusivamente en las condiciones corporales no mentales, en dos pruebas: una puramente psíquica y otra sólo física. Así, se intenta darle especialización a la parte mental que, hasta la puesta en marcha de esta modificación, podía ser evaluada por un médico clínico o “hasta por un traumatólogo, como en el caso de Ríos”, asegura Marcenac. La certificación debe ser emitida “por un profesional psicólogo o psiquiatra matriculado”, reza la norma.

“Eso no soluciona nada, se queda a mitad de camino. Primero, las pruebas deben ser realizadas únicamente por psicólogos, que son los que tienen las herramientas para determinar el estado mental de los potenciales tenedores, y no por psiquiatras. Además, se deben dar de baja todas las licencias actuales, para llevar a cabo un reempadronamiento total. Que los que tienen el permiso lo deban revalidar ahora”, plantea el padre de Alfredo.

En el mismo sentido, Marcenac pretende un mayor seguimiento de los tenedores legítimos. En la normativa actual, no está previsto un archivo sistematizado de las pruebas realizadas por los aspirantes a la licencia. “No puede ser que no se realice una historia clínica de cada usuario. Si dos años después de que logró el permiso comete un homicidio, no hay ningún registro donde buscar antecedentes psíquicos”, marca.

Otro pedido de las ONG que trabajan a favor del desarme de la población civil tiene que ver con la vigencia de los registros. Actualmente es de cinco años, y su objetivo es que se reduzca a tres. “En cinco años pueden pasar muchas cosas en la mente de una persona. No digo que en tres no, pero por lo menos se reduce el margen”, acota Marcenac.

Estos reclamos fueron criticados desde algunos sectores, que plantean que armas no es igual que inseguridad. El padre de Alfredo responde: “No estamos en contra de las armas, sino que pedimos que quienes las tengan cumplan con los requisitos”.

Informe: Eugenio Martínez Ruhl.