El gobierno nacional pondrá en marcha en los próximos días un programa especial que coordinará todas las dependencias del Poder Ejecutivo nacional que intervienen en la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y en la protección de los testigos de los juicios contra los represores. Se tratará de un organismo que dependerá de la Jefatura de Gabinete.

El programa surge, por un lado, a raíz de la desaparición Julio López, testigo central en el juicio contra Miguel Etchecolatz y las amenazas y amedrentamientos sufridos por otras personas que deben declarar en los juicios. Pero además, se debe a la apertura de cientos de procesos contra represores que se realizaron a partir de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

La idea del gobierno es que haya una sola dependencia del Poder Ejecutivo que se encargue de todas las tareas relacionadas con estas investigaciones y sea el nexo con el Poder Judicial. Así, a través de este programa se canalizarían los pedidos que los jueces o fiscales encargados de estos casos hacen al Gobierno, ya sea una petición a las diferentes fuerzas de seguridad (policías de las diferentes provincias, policía federal, gendarmería o Side) o una solicitud de reasignación de recursos.

Uno de los objetivos de esta unidad, que se relaciona con un reclamo de los organismos de derechos humanos como el CELS, será la de procurar agilizar, en lo que competa al Poder Ejecutivo, los juicios contra los represores, por ejemplo, cubriendo las vacantes de los juzgados que se ocupan de estos temas. En este aspecto el nuevo organismo trabajará en colaboración con la Procuración General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría General de la Nación y el Consejo de la Magistratura.