El golpe militar del 4 de junio de 1943 impuso la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. El primer gobierno de Juan Domingo Perón le dio fuerza de ley en 1947 y la anuló en 1954 al romper relaciones con la cúpula eclesiástica. Sin embargo, esa ruptura dejó vigente otra norma que había promulgado el mismo gobierno: el otorgamiento de subsidios a la educación privada destinado al pago de los salarios docentes. A lo largo de más de cincuenta años el sistema privado consolidó su presencia y no hubo gobierno que se atreviera a modificarlo. El año pasado, la Iglesia intentó que la nueva Ley de Educación ampliara el beneficio para que “el Estado financie equitativamente a la educación de gestión pública como de gestión privada, de manera que los colegios religiosos puedan ser gratuitos”. A pesar del lobby, no lograron el objetivo.

Desde que en 1992 se completó la descentralización del sistema educativo con el traspaso de las escuelas secundarias a las provincias y los institutos de formación docente, son las distintas jurisdicciones las que garantizan la liquidación de subsidios. En la Dirección Nacional de Educación Privada, dependiente de la cartera educativa nacional, explicaron que “es muy difícil establecer el monto total destinado a ese fin, pero por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires la partida asciende a 320 millones de pesos sobre un presupuesto de 2400 millones para educación”. En la comuna porteña casi la mitad de los establecimientos son privados, es la jurisdicción con más alta incidencia del sector. La media del país no supera el 25 por ciento de los alumnos en las escuelas particulares.

La absoluta mayoría de los establecimientos subsidiados son confesionales. Por la magnitud del sistema, la provincia de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de establecimientos de gestión privada, casi 7300, de los cuales 2449 no reciben aporte estatal y los 4850 restantes sí para atender a una matrícula global de 1,4 millón de alumnos sobre un total de 4,5 millones. De ese total, 2667 recibe el cien por ciento de subsidio para financiar los salarios docentes; 1315, el 80 por ciento, y 868 bandas de subsidios que bajan hasta un 20 por ciento. El monto del aporte estatal es inversamente proporcional al de la cuota: a mayor subsidio menor arancel.

La defensa del financiamiento público de la enseñanza privada es un principio inclaudicable de los purpurados. En los corrillos del poder siempre se comenta que hasta el papa Juan Pablo II llegó a plantearle la preocupación por cualquier modificación del sistema a un funcionario argentino durante una protocolar audiencia en el Vaticano.

El año pasado, el obispo de Bahía Blanca y presidente de la Comisión Episcopal de Educación, Guillermo Garlatti, redobló el reclamo. En pleno debate sobre la nueva ley de Educación dijo: “Pedimos que el Estado, por un principio de justicia distributiva, financie equitativamente. Queremos que el principio de libertad de enseñanza sea llevado hasta las últimas implicancias”, y abundó: “El deseo de la Iglesia es que sus instituciones educativas sean gratuitas para que los padres no se vean impedidos por razones económicas de brindarles a sus hijos la educación que desean”. En buen romance, a Dios lo que es del César.

La continuidad de los subsidios para mantener ese reducto inmejorable de formación ideológica es una lucha siempre renovada para los obispos. En cambio, sobre la educación religiosa en el sistema público en los últimos años vienen perdiendo algunas batallas. A pesar de que las normas nacionales consagran la educación laica, en Santiago del Estero, Jujuy y Salta la religión –católica, por supuesto– sigue formando parte de la currícula escolar. En cambio, en Catamarca y San Luis se sacó a Dios de las aulas con no pocos embates purpurados. El ex gobernador catamarqueño Oscar Castillo tomó la decisión ante un planteo por discriminación realizado por la comunidad judía a través de la DAIA.

En definitiva, la Iglesia Católica sigue considerando que el Estado tiene la obligación de atender sus necesidades terrenales.