EL PAíS • SUBNOTA › RADICALES APUNTAN A DOS DIRECTORES DEL HIPOTECARIO
› Por Eduardo Tagliaferro
La renuncia de Felisa Miceli suspendió la sesión especial que el radicalismo impulsó en el Senado, pero no impidió que los miembros de ese bloque profundizaran sus denuncias. Acompañado por el titular de la bancada, el mendocino Ernesto Sanz, el presidente de la UCR, el jujeño Gerardo Morales, anunció que en las próximas horas le acercarán al fiscal Guillermo Marijuán una serie de datos que avanzan sobre la relación que la ex ministra mantenía con los directores por parte del Estado en el Banco Hipotecario: Jaime Grinberg y Jorge Luis March.
Luego de recordar la relación societaria que unió a Grinberg con la hermana de la ex ministra, la arquitecta Adriana Miceli, el senador por Jujuy recordó que el otro director del Estado en el Hipotecario es un contador vinculado con los laboratorios medicinales. Concretamente con el laboratorio Richmond. El radical destacó que a nombre de esa firma, March obtuvo en agosto de 2006 un crédito del Nación Leasing, empresa del Grupo Banco Nación. Lejos de los 10 millones de dólares que había reclamado, destacan que en agosto del año pasado March obtuvo unos seis millones de pesos. Subrayan que para acceder a estos créditos es necesario sortear una gran cantidad de requisitos. Trámites que sospechan que se facilitaron por la estrecha relación personal que une a March con otro hermano de la ex ministra: Horacio Miceli. Además de aparecer, en la versión de Felisa, como el hermano que le había prestado el dinero que se encontró en el baño del Ministerio de Economía, Horacio Miceli comparte con March su dedicación a la industria farmacéutica. Para los radicales fue esa relación la que facilitó el crédito de March. Destacan que March fue la última persona que se entrevistó con la ex ministra antes de que apareciera la bolsa con dinero. También les llamaron la atención las frecuentes visitas de March al despacho de Miceli. Los radicales aprovecharon la oportunidad para pedir las actuaciones completas del caso Greco. Algo que, amparados en el decreto de acceso a la información, le reclamaban a Miceli desde hace seis meses.
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