Sebastián Tedeschi es abogado, especialista en derecho constitucional y de vivienda. En Porto Alegre coordina la oficina para Latinoamérica de Cohre, una organización no gubernamental que trabaja como órgano consultivo de Naciones Unidas y OEA por el Derecho a la Vivienda y Contra los desalojos. Hace dos años, Cohre desembarcó por primera vez en Argentina para trabajar desde una perspectiva jurídica los problemas de vivienda de la Villa 31.

–Ustedes dicen que el derecho a la tierra está amparado jurídicamente, pero entre los habitantes del barrio esto no está claro. ¿Cuál es el respaldo legal?

–Hay bastante confusión, porque la gente no sabe que tiene un derecho a la regularización y urbanización de sus viviendas, avalado por la legislación internacional de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que Argentina firmó y que fue incluido en la reforma de la Constitución Nacional del ’94. En su artículo 11, el Pacto protege el derecho a la vivienda. Además, el Comité de Naciones Unidas que lo interpreta viene diciendo que el derecho a la vivienda incluye el derecho a la regularización de todo poblador que vive en situación informal y, últimamente, se habla de que una Población se consolida en un lugar cuando tiene más de tres años en el sitio. Además, el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad también lo garantiza. Aun así, está claro que los habitantes también tienen derecho a decir que no quieren vivir ahí, pero la discrecionalidad de quien se queda y quien se va no es del Gobierno, es un derecho del vecino.

–El triunfo de PRO en Buenos Aires alentó nuevamente el fantasma de la erradicación en la Villa 31 y la gente no parece tener una posición tomada sobre si salir o no. Aun así, ¿se puede hablar de una posición mayoritaria?

–Da la impresión de que la mayoría de la gente quiere la urbanización del barrio, pero es cierto que hay un grupo que impulsa las indemnizaciones. Creo que ese grupo no sabe que existe un derecho a la urbanización.

–Con las indemnizaciones pasa algo singular. Allí no aparece tanto el Estado en primera línea, sino los vecinos manteniendo una puja por aumentarlas. Se habló de cien mil pesos, mucho dinero pero insuficiente para vivir en un lugar digno de la ciudad.

–Ese es el verdadero problema, porque al final es un proyecto de expulsión de los pobres. Les están diciendo: “No los quiero en la ciudad” porque las ciudades se van consolidando en todas partes como espacios destinado a la clase media y a los sectores ricos, y los pobres tienen que buscar sus lugares en las arterias degradadas, en las cuencas de los ríos contaminados, en los terrenos no urbanizados. Con ese dinero, los pobres pueden comprarse un lote pero no donde no hay servicios. La opción de salir del barrio tiene que hacerse sobre la base de un consentimiento, pero acá siempre se hizo al revés: a la gente le dijeron o agarran este dinero o los desalojamos. Siempre se hizo bajo amenazas.

–Desde el punto de vista legal, la erradicación legalmente es factible.

–Rompiendo el marco de la Constitución, sí. Pero yo le digo, Corhe da colaboración a Naciones Unidas en el derecho a la vivienda, y le puedo decir que Argentina va a tener una denuncia internacional y va a haber una responsabilidad del Estado por esa violación de derechos humanos.

–¿Hay posibilidades reales de urbanizar la Villa 31, sin erradicar la parte más nueva como dicen algunos sectores?

–Hay un proyecto de arquitectura que demuestra que sí, pero acá el problema de la urbanización no es Macri. Existen tres emprendimientos comerciales importantes, por lo menos, que no pueden desarrollarse con la villa en este lugar. Uno es el proyecto de Puerto Turístico o Deportivo para Buenos Aires, que implica una terminal para barcos de lujo; otro es el Proyecto Retiro, que incluye correr las parrillas ferroviarias y liberar 100 metros de la avenida Libertador para emprendimientos inmobiliarios de seis mil dólares el metro cuadrado, y el tercero es la bajada de la autopista sobre la avenida Callao, pensada para acelerar el tránsito de los autos que llegan de la zona norte.

Jaime Sorin es decano de la facultad de arquitectura de la UBA, especializado en urbanismo y desarrollos de viviendas populares. Desde hace tiempo observa el dinamismo de la Villa 31 con sus crecimientos zigzagueantes como un médico a un paciente terminal: “El que piensa en un negocio inmobiliario, piensa en sacar todo, pagar y que la gente se vaya”.

–¿Es posible urbanizar la villa, sin que nadie se vaya?

–No. Usted tiene que pensar que para hacer un proyecto de integración en serio, se podrían usar los únicos terrenos ociosos que aún quedan que son los de Repsol YPF (que son privados, que habría que comprarlos y que salen unos 25 millones de dólares). Cuando hablo de integración, hablo de urbanización que más allá de cómo se la piense tiene que contemplar servicios, ambulancias, bomberos, recolección de basura. Para eso hay que bajar la densidad de la población, por eso no se puede es reurbanizar la 31 bis. Es inviable.

–¿Por qué?

–Porque está metida arriba de la traza del ferrocarril, abajo de la autopista. La villa está muy crecida y no sigue una lógica para desarrollar un conjunto de viviendas. Lo que hay que hacer con la 31 bis es pensar en un realojamiento luego de un acuerdo con la gente para ver a dónde va. Lo que sí se puede es trabajar sobre la Villa 31, pero no es posible mantener ninguna de las dos cuando se piensa en el desarrollo de un negocio inmobiliario.

–Algunos proyectos, los que piensan en una urbanización en términos de integración, no los ven como incompatibles. Después de todo estamos hablando de un barrio obrero pero remozado que estaría frente a ese otro lugar. ¿Por qué son incompatibles?

–El que piensa en un negocio inmobiliario, piensa en sacar todo y construir todo nuevo. Esto implica realojar a la gente y crear un conjunto de viviendas rentables, lejos de las posibilidades de acceso de los habitantes de estos barrios. La posibilidad de que la gente siga allí no está contemplada: el negocio es pagar y que la gente se vaya. El Estado lo que tiene que pensar es en la integración, que es urbana y es social con factores complejos e importantes como la generación de fuentes de trabajo.

–Los especialistas dicen que la gente tiene derecho a estar allí, avalado por las leyes.

–Es un tema complejo porque el derecho a la vivienda no quiere decir que el Estado tiene que dar la propiedad de la vivienda. Puede construir, alquilar, dar en comodato, desarrollar una política de vivienda.

–Las tierras son del Onabe, por lo tanto de Nación, y de Repsol. ¿El nuevo gobierno porteño podría erradicarlas?

–La Ciudad puede tomar la decisión de sacar de ahí a la gente si quiere, obviamente va a tener que hacerlo de acuerdo con Nación, pero recordemos que el Onabe es un órgano residual cuya función es vender la tierra del Estado. Macri está pidiendo el traslado de la tierra del Onabe a la Ciudad. Hablo de lugares como Palermo, el borde de la cancha de Vélez, Pacífico, esas reservas de tierras pueden servir para un negocio inmobiliario fabuloso pero también es cierto que son tierras que a la ciudad le faltan, ya hay poca tierra pública utilizable.