La obsesión por la seguridad y el oportunismo político amenazan con llevar a altos cargos en la provincia de Buenos Aires a policías con antecedentes gravísimos por torturas y/o vinculados con la dictadura militar. Esta tendencia irresponsable cruza las fronteras partidarias: ocurre tanto con la Coalición Cívica Libertadora como con el Frente para la Victoria.

La semana pasada, la ex diputada Elisa Carrió negó ante un reclamo de militantes del ARI cualquier relación con el comisario retirado Edgardo Mastandrea, durante una vista a San Nicolás, en la que se encontró con el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo en el restaurante Il Bacino. Días después, Villafuerte tomó declaración indagatoria a Mastandrea, acusado por participación en tormentos a seis estudiantes en la comisaría de Junín, durante el gobierno militar. Los secuestrados tenían entre 16 y 22 años y eran alumnos o egresados del Colegio Don Bosco de San Nicolás. Nunca volvió a saberse de seis de ellos. Otros recuperaron su libertad luego de ser torturados en la Comisaría de Junín, donde funcionaba un Campo Clandestino de Concentración, dependiente de la Subzona de Seguridad 13. Ellos declararon que en los interrogatorios participó un oficial Mastandrea y en la causa se encuentra acreditado que entre abril y junio de 1977 el ahora asesor de la Coalición Cívica Edgardo Mastandrea tenía destino en la Comisaría de Junín. Villafuerte Ruzo lo indagó por seis hechos de privación ilegítima de libertad calificada y cinco de tormentos y le concedió la eximición de prisión mientras dure el proceso. Mastandrea admitió haber cumplido destino allí pero negó los cargos. Pese a la seca desmentida de Carrió (“no tiene nada que ver con el ARI y punto”), el viernes su candidata a la gobernación bonaerense, Margarita Stolbizer, analizó en La Plata con Mastandrea las cuestiones de seguridad y coincidieron en la necesidad de profesionalizar a las fuerzas policiales. Durante todo el año, Mastandrea ha recorrido la provincia, en compañía de dirigentes de la Coalición y del ARI, quienes lo presentan como su experto en seguridad. El miércoles, Mastandrea visitó Mercedes, donde también se mostró como el referente de la CCL.

El Frente para la Victoria presentó como candidato a intendente de San Nicolás al cardiólogo Roberto Fernández Viña, apadrinado por el ministro de Justicia bonaerense Eduardo Di Rocco. Fernández Viñas fue yerno del coronel Osvaldo Pérez Battaglia, responsable del asesinato del obispo Enrique Angelelli en La Rioja, en 1976, que a su vez inspiró el asesinato del obispo Carlos Ponce de León, en San Nicolás en 1977. En ambos casos se simularon accidentes carreteros. El militar murió hace siete años, Fernández Viña se separó de su hija Teresita y volvió a casarse. En agosto de 1992, durante su desempeño como intendente de San Nicolás, Di Rocco participó en una ceremonia militar codo a codo con el ex dictador Leopoldo Galtieri, quien ya había sido condenado e indultado. Di Rocco presentó a Fernández Viña como el intendente de la seguridad y el candidato dijo que pondría huevos en la tarea. Si se repara en quiénes son sus colaboradores en la materia es fácil imaginar quién pondrá qué y en dónde, de resultar electo Fernández Viña. Ellos son los comisarios José Aurelio Ferrari y Rubén Claudio Gatti, ambos separados de sus cargos policiales. En 2000 la Suprema Corte de Justicia de la provincia dejó firme una condena contra Gatti a dos años de prisión por apremios ilegales agravados contra un detenido, al que golpeó cuando estaba maniatado. Ferrari llamó “prócer” al ex general Jorge Videla en un reportaje, agasajó al cabo primero Alberto Agustín Castillo, procesado por encubrimiento y ocultamiento de prueba en la causa por la masacre de Ramallo, y tiene numerosas causas por apremios. Durante el desempeño de Gatti en la comisaría 1ª de San Nicolás y de Ferrari como su superior en la jefatura departamental Paraná, se produjo un incremento vertical de denuncias de malos tratos policiales. En declaraciones al diario La Capital, Ferrari justificó el maltrato a detenidos.”En España lo cuelgan (al sospechoso) de un caño y le tiran de las bolas hasta que diga dónde puso el cuchillo, dónde el cuerpo. Tener a un tipo sentado acá, sin comer durante 24 horas, y pegarle un par de cachetadas no es tortura. La policía científica es un invento”.