“La explicación de la fuga que justifica el incendio y las muertes posteriores encierra una valoración perversa. Nadie dice que una cárcel esté para que los presos se escapen. Pero tampoco está para que se mueran quemados dentro”, dijo a Página/12 el abogado del Cels Rodrigo Borda, quien en la reciente audiencia convocada por la Suprema Corte bonaerense para tratar el fallo Verbitsky representó a esa ong en su planteo respecto a la crisis carcelaria en la provincia de Buenos Aires.

“Es interesante porque desde hace décadas se están especializando los peritos sobre los efectos que provoca el gas que despide el poliuretano en un incendio. Es curioso porque esto indica que es algo totalmente previsible, pero en lugar de especializarse las prevenciones, se especializan los peritos”.

–Es un hilo que conduce desde el incendio del penal de Magdalena y el incendio de los colchones en Devoto en el ’78.

–Sí, pero en el caso de Olmos, que ocurrió en el ’90, ya hay un fallo de la Corte, en lo que se conoce como el fallo Badino, donde el tribunal determina que el incendio (en el que murieron 35 presos) era absolutamente previsible, porque estaban dadas todas las condiciones para que ocurriera, y la sentencia responsabilizó al Estado.

–Pasó hace 30 años en Devoto, hace 17 en Olmos, en Magdalena hace dos años. ¿Por qué no existe previsión?

–Políticamente nadie está dispuesto a asumir un costo que en sí no representa diferencias notables en lo económico. En Magdalena, la situación de hacinamiento, la posición de las camas (una arriba de la otra), la ropa colgada, todo aceleraba la acción del fuego. Esa situación más la falta de vías de escape, más la ausencia de motor para el bombeo de agua y la descarga de los extinguidores, no implica una suma de dinero diferente a la que se invierte en cárceles baratas y pésimas...

–Como que el costo se paga de otra forma...

–Exacto. Pero parece pasar porque si tengo que seguir metiendo personas presas ahí donde entraban diez meto veinte. El debate sobre la utilidad de un pabellón parece pasar por los presos que caben. Pero no sólo tiene que ver con la falta de sensibilidad del Estado. También, con cuán sensible está la sociedad en este tipo de hechos. Seguro que si lo de Santiago ocurría en un hospital la reacción social sería diferente. Si es cierto que un gobierno tiene que sostener en forma dogmática los derechos de las personas, también es cierto que tiene que lograr que la sociedad lo sostenga. Ese debate se lo debe todavía esta sociedad. Un debate no solamente pragmático, sino profundamente moral. ¿Queremos o no ser crueles con el encierro? ¿Qué hacemos con las personas privadas de libertad? ¿Les vamos a prender fuego, a la mujer le vamos a meter los dedos en la vagina para revisar si entra drogas? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a acostumbrarnos?, porque la explicación que dio el gobierno sobre la fuga como origen del incendio es una explicación perversa: nadie dice que las cárceles sean para que los presos se escapen, pero tampoco son para que se mueran quemados dentro.