La minería fue una actividad marginal en el país hasta la década del ’90, cuando el gobierno de Carlos Menem decidió promover las inversiones en el sector con un combo de beneficios que incluyó desgravaciones impositivas, tope de 3 por ciento a las regalías provinciales, estabilidad fiscal por 30 años y libertad para disponer de las utilidades. A partir de la devaluación, esos incentivos se combinaron con una reducción significativa de los costos de producción, lo que les permitió a las empresas multiplicar sus ingresos de manera notable. Según un reciente informe de la Cepal, la utilidad de las 38 mineras más grandes, antes del pago del impuesto a las Ganancias, promedió 50,4 por ciento en el período 2003-2004 y es probable que desde entonces haya crecido aún más, sobre todo si se toma en cuenta la fuerte suba de la cotización internacional de los minerales.

En el sector operan dos tipos de empresas: las que realizan la actividad de prospección para localizar un sitio con potencial geológico de interés económico y las grandes multinacionales que compran los preproyectos y, en caso de comprobarse su viabilidad, desembolsan las inversiones necesarias para llevarlo adelante.

La mayor mina del país es Bajo la Alumbrera, inaugurada en 1997 en Catamarca para extraer cobre y oro. Es propiedad de Minera la Alumbrera, una firma de capitales suizos (Xstrata) y canadienses (Wheaton River y Northern Orion), que realiza la explotación junto con Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), sociedad integrada por el Estado catamarqueño, la Universidad de Tucumán y el Estado nacional. La inversión extranjera fue de 1200 millones de dólares y se amortizó en apenas siete años.

Recién entonces, la firma comenzó a pagar Ganancias (hasta entonces pudo deducir toda la inversión del impuesto) y a compartir el 20 por ciento de sus utilidades con YMAD. Sin embargo, todavía se beneficia con la devolución de IVA sobre compras de bienes y servicios destinados a la inversión, el tope para las regalías de 3 por ciento del “costo del mineral en boca de pozo” (antes de iniciar cualquier transformación que le agregue valor), la libertad para no tener que liquidar sus divisas en el país y la estabilidad fiscal de 30 años, principal obstáculo legal que enfrenta el Gobierno para avanzar con la aplicación de retenciones a las exportaciones.

Otro emprendimiento relevante es el que lleva adelante Cerro Vanguardia, una multinacional controlada por la sudafricana Anglogold y la firma provincial Formicruz, que desde 1998 explota un yacimiento de oro y plata en Santa Cruz, donde invirtió 280 millones de dólares. Además de los beneficios generales mencionados, esta firma recibe reintegros a la exportación por puerto patagónico, pues su producción sale por el Puerto San Julián. En 1998 también se puso en funcionamiento el Salar del Hombre Muerto en Catamarca, explotado por la estadounidense FMC Lithium donde se invirtieron 137 millones de dólares para extraer litio. Además, se destacan los proyectos Veladero y Pascua Lama, impulsados por la canadiense Barrick Gold en San Juan para la explotación de oro y plata, y Minera Aguilar, comandado por la suiza Glencore en Jujuy.

El listado es mucho más amplio, pues los beneficios otorgados impulsaron la maduración de distintos proyectos actualmente en estudio: Agua Rica, en Catamarca (canadiense Northern Orion); Manantial Espejo (canadiense Pan American Silver) y San José (canadiense Minera Andes), en Santa Cruz; Río Colorado (británica Río Tinto), en Mendoza; Pirquitas (estadounidense Silver Standard), en Jujuy y Gualcamayo (canadiense Yamaha Gold), en San Juan; entre otras. Todas estas firmas son las responsables del lobby que hasta ahora frenó con éxito las retenciones a las exportaciones que quiere aplicar el Gobierno.