Unos días antes de la presentación del informe del Comité Contra la Tortura, recibí otro informe, también sobre las cárceles bonaerenses, aunque el signo sea absolutamente diferente, un informe de lo hecho por el saliente ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, y convalidado en el prólogo por el ex gobernador Felipe Solá. El título es sugerente: “Estado, justicia y ciudadanía”. El informe viene a ser un resumen de lo hecho por Di Rocco desde que fue designado por Solá para reorganizar al SPB. “No hay países ejemplares en materia penitenciaria” dice Di Rocco ya en página 9. Y a lo largo de 309 páginas va agotando los temas que desde la perspectiva del ex ministro fueron aportes para solucionar la crisis penitenciaria.

Es notorio el empeñoso esfuerzo dedicado a producir el informe gubernamental. Pero no despeja ninguna de las dudas que plantean el Comité Contra la Tortura ni la Comisión por la Memoria, a cuyos titulares el jefe penitenciario Fernando Díaz acusó de “mercenarios de los derechos humanos” en una entrevista periodística en junio de este año. En la pormenorizada síntesis de gestión, Di Rocco olvidó mencionar el incendio del pabellón 16 de la U28 de Magdalena, que provocó la muerte de 33 internos, luego de aspirar el venenoso ácido cianhídrico que despiden los colchones de poliuretano no ignífugos al quemarse. La versión de Di Rocco, apenas los medios le colocaron un micrófono, fue responsabilizar del incendio a un motín de presos. No dijo nada en aquel momento y tampoco se menciona en el informe la ausencia de extinguidores ni la falta de motor para accionar la bomba de extracción de agua, ubicada a escasos metros de la puerta del pabellón. Tres unidades, a la fecha de publicación del informe, todavía no contaban con sistemas antiincendios.

Buena parte del informe está dedicado a la laboriosa tarea del ex subsecretario de Política Penitenciaria y Readaptación Social, Carlos Rotundo. El informe presenta un apéndice con un listado de resoluciones benéficas. No menciona la 007, firmada y sostenida por Rotundo, después de que el CCT denunciara el caso de torturas a Cristian López Toledo (hoy felizmente en el panel de presentación del informe del CCT). La 007 prohíbe en forma selectiva el ingreso de filmadoras para proteger la intimidad de los presos. La prohibición corre sólo para las cámaras del Comité Contra la Tortura, según puede verse en el “reality” light Cárceles de Telefé. Los hombres se van, las resoluciones permanecen: pese a la promesa de Solá, la 007 sigue vigente.