Luis Barrionuevo le regaló a Roberto Lavagna un nuevo motivo por el que preocuparse. El sindicalista-senador dejó habilitado para su tratamiento en la Cámara alta un proyecto de ley de alta sensibilidad, tanto por sus efectos sociales como políticos. En este último caso, porque es otra iniciativa que el FMI objetará con firmeza en cuanto tome nota de su existencia. Como presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado, Barrionuevo consiguió las firmas necesarias para el dictamen del proyecto en cuestión. Se trata de una propuesta que corrige aspectos sustanciales de la legislación previsional, al eliminar la restricción para el libre traspaso entre el régimen de capitalización y el de reparto, y al disponer que los trabajadores que ingresan al mercado laboral formal permanezcan como aportantes del sistema público.
En la versión ortodoxa de Lavagna, que el ministro empezó a exhibir con inesperada pasión desde la última semana, el proyecto que puso en carrera Barrionuevo es otro dolor de cabeza. El dictamen se conoció ayer, aunque lleva fecha del 15 de agosto. En el Congreso admitieron que no es casual que el tema haya salido a la luz en medio de la pelea entre Lavagna y Graciela Camaño, esposa de Barrionuevo, por la restitución del 13 por ciento. El bloque de diputados del PJ respalda a la titular de la cartera laboral en esa discusión, mientras que el presidente de Chacarita hizo lo suyo para apoyarla desde el Senado. Camaño, además, acompañó cuando era diputada el proyecto previsional de María América González.
El tema de fondo trasciende por mucho la coyuntura política y el impacto que pueda tener en la negociación con el FMI. Como se mencionó más arriba, la ley toca las bases del actual sistema previsional. Cuando se aprobó la reforma previsional en 1994, el entonces ministro Domingo Cavallo creó las bases para un negocio formidable para las AFJP. Dos medidas que establecieron ese marco son las que ahora se corrigen en el proyecto que tiene para votar el Senado. Una es la que impide el libre traspaso entre el sistema de capitalización y el de reparto. Una encuesta que encargaron las propias AFJP cuando el proyecto obtuvo media sanción en Diputados, en mayo último, reveló que el 40 por ciento de sus afiliados estaría dispuesto a pasarse al régimen público si se levantara la restricción actual.
El segundo aspecto que impuso Cavallo es la inscripción forzosa en una AFJP a los trabajadores que recién ingresan al mercado laboral, a menos que opten expresamente por permanecer en el reparto. Por esa disposición, que muy pocos conocen, las AFJP consiguen casi la mitad de sus nuevos afiliados. El proyecto invierte los términos y deja a los trabajadores como aportantes al Estado, con la opción de pasarse a una privada.