La justicia argentina ha sido remisa en la colaboración solicitada por la italiana para verificar si el estado de salud del ex dictador Emilio Massera le permitirá enfrentar el proceso al que está sometido en aquel país por la desaparición de Angela Aietta Gullo, Giovanni Pegoraro y su hija Susana, además del secuestro de la hija de ésta, nacida en cautiverio. Por esos mismos delitos ya fueron juzgados y condenados a cadena perpetua en rebeldía los ex oficiales Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Vañek y el envenenado Héctor Febrés. La condena y extradición de Massera y de otros 139 represores también fue solicitada en otra causa, en la que se investiga el Plan Cóndor, el 26 de diciembre pasado por el fiscal Giancarlo Capaldo. Los procesos contra Massera en la Argentina se suspendieron en 2005, luego de que una junta médica determinó que sufría un estado de “involución mental” tras haber sufrido un derrame cerebral el 12 de diciembre de 2002 y la jueza María Servini lo declarara “insano” e incapaz de enfrentar un proceso penal, lo cual fue avalado por la Corte Suprema de Justicia. En Italia se puso en duda la seriedad de los peritajes argentinos. El especialista internacional Luigi Cancrini cuestionó el test con dibujos practicado a Massera, que sirve para evaluar la afectividad de los niños. También consideró normal sus dificultades para hablar, debido a los numerosos medicamentos que consume. Por ello el juez Marco Mancinetti envió al perito italiano Roberto Tatarelli, quien llegó hace ahora un año a la Argentina. El entonces juez y ahora ministro de seguridad porteño, Guillermo Montenegro, hijo de un almirante de la Armada, le negó la asistencia solicitada a través de una rogativa en junio del año anterior y lo sometió a un interrogatorio no previsto en ninguna reglamentación sobre el carácter de sus funciones y de su personalidad, como si él tuviese que dar explicaciones. Es posible que los teléfonos de los querellantes estuvieran pinchados, porque el 5 de marzo, luego de una conversación en la que dijeron que debido a esas trabas no podría demostrarse la capacidad de Massera y avanzaría el proceso, los abogados defensores del ex dictador pidieron a Montenegro que permitiera las pruebas ese mismo día y el juez lo admitió. Aun así, no permitió la presencia del abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Luciano Hazan, autorizado por el juez italiano, ni la toma de un encefalograma a Massera. También el perito Tatarelli concluyó que el estado de demencia de Massera no le permitiría afrontar un juicio, por lo que el juez Mancinetti suspendió el proceso y estipuló una revisión periódica para evaluar posibles cambios en su salud. La justicia italiana decidió no enviar peritos cada vez, sino solicitar informes a la justicia argentina, pero ni Montenegro ni su sucesor en la causa, Sergio Torres, las han enviado. Ni siquiera consta que se estén realizando. La próxima audiencia en Roma se realizará el 23 de abril. Entretanto, la justicia de Roma solicitó a Interpol la captura con fines de extradición del general Santiago Omar Riveros, condenado en Roma a prisión perpetua, que está detenido con arresto domiliciario en la Argentina y de los suboficiales de Prefectura Juan Carlos Gerardi, José Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Héctor Omar Maldonado y Roberto Julio Rossin, todos ellos condenados a 24 años de prisión en Roma por el asesinato de los trabajadores de los astilleros Astarsa Mario Marras y Martino Mastinu, de nacionalidad italiana. Los cinco gozan de libertad en la Argentina.