La abstención electoral fue tozuda pero fructíferamente practicada en nuestro país por la Unión Cívica Radical, entre 1904 –año en que bajo la inspiración de Yrigoyen se dio a conocer un notorio Manifiesto, hoy prácticamente olvidado– y 1916. Era una forma radical e intransigente -son palabras de Yrigoyen– de rechazar de plano, mediante la negación de candidatos y de concurrencia, las fraudulentas tropelías del régimen existente entonces. Entre 1955 y 1973, el peronismo practicó –también con éxito– el voto en blanco como forma de descalificar y rechazar el régimen que lo excluía del juego político. Era, quizás, una variante del abstencionismo, en una época en que el voto hacía tiempo ya que se había vuelto obligatorio. Hoy la opción abstencionista es nuevamente levantada por un grupo de dirigentes y partidos que procuran canalizar por esa vía el hastío de la ciudadanía con una clase política mayoritariamente venal e incompetente. Es un modo de dar curso al “que se vayan todos”, es decir, de reclamar la caducidad general de los mandatos, que estaría siendo mayoritariamente demandada.
El abstencionismo electoral tuvo, entre nosotros, el siguiente sustento: junto con el rechazo de la legitimidad de los tramposos se propuso –y de hecho se construyó– una nueva legitimidad capaz de contener y expresar a los trampeados descontentos. Ambas cuestiones fueron fundamentales: nueva legitimidad y contención/expresión de los descontentos, para lo cual fue preciso que esa nueva legitimidad se plasmara en objetivos claros y precisos. Por ejemplo: el voto obligatorio y secreto contra el fraude oligárquico, que se proponía desde la abstención radical o las elecciones libres contra el orden proscriptivo antiperonista, que se sostenía desde el voto en blanco peronista.
Lamentablemente, dichas claridad y precisión no se encuentran en la actualidad, lo que entorpece, a mi modo de ver, el desarrollo de la propuesta abstencionista. La caducidad general de los mandatos, ¿incluye los de los concejales de Tinogasta o de Mburucuyá? Si es así, ¿quién lo dispone?. Estas no son cuestiones menores. Por otra parte, las groseras trampas de la convocatoria electoral oficialista, ¿no deben ser desnudadas y condenadas?. ¿No debe, por ejemplo, rechazarse de plano la posibilidad de que el próximo presidente gobierne, entre mayo y diciembre del año que viene, sin la correspondiente renovación parlamentaria? Nuestra historia política enseña que la eficacia de la abstención –que es sólo un instrumento– ha estado ligada sobre todo a una lucha por las reglas de juego, definida y organizada en torno de objetivos simples, claros y precisos. Mi impresión es que la valorable propuesta actual de abstención debería tomarlo en cuenta para decidir en qué nivel sitúa la pelea. Si en el más general y difuso de la caducidad de todos los mandatos o en el más específico de una ilegal y tramposa convocatoria a elecciones estrecha y viciadamente presidenciales.
* Sociólogo