En un mundo basado en el principio de no intervención y el reconocimiento mutuo de su soberanía entre estados, referirse a la situación interna de otro país resulta siempre una decisión delicada para cualquier cancillería. Sin embargo, el mismo ordenamiento internacional que define esas reglas se apoya en principios constitucionales que incluyen la Carta de las Naciones Unidas y Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo Estado que pretenda que nadie se entrometa en sus asuntos internos está obligado a atenerse estrictamente a esos preceptos: el que no lo hace reniega de su condición de buen ciudadano y se expone a la condena.

En tal sentido, la visita de Estado a la Argentina del perenne dictador Teodoro Obiang, de Guinea Ecuatorial, somete a la política exterior de nuestro país a una exigente prueba de consistencia. Se trata de tomar en consideración un interés nacional creciente (el abastecimiento energético estable), al tiempo que se persevera en la línea de promoción de los derechos humanos que ha visto a nuestro país impulsar la Corte Penal Internacional y el flamante Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En este caso, además, la Argentina, en virtud de su tamaño relativo, está en perfectas condiciones de hacer coincidir ese interés con la propia capacidad de presionar al régimen odioso de Obiang: junto a Brasil (y a España en tanto su gobierno esté conducido por José Luis Rodríguez Zapatero), forma parte de los pocos actores extrarregionales capaces de promover el fin de la dictadura con una eficacia proporcional al interés económico que despierta para el país africano venderle miles de barriles de crudo. Claro que ello no se agota en ocasión de una visita de Estado (aunque se trata de una oportunidad única para darle máxima visibilidad a la condena), sino que esa dimensión ética debe estar en el centro de la relación bilateral.

Lo dicho cobra especial importancia para el caso de nuestro país, que conoce de sobra la importancia de la condena internacional, esa que salvó la vida de tantos argentinos en medio del genocidio y conoce dolorosamente la diferencia entre un Jimmy Carter y un Ronald Reagan. Para Guinea Ecuatorial es importante la diferencia entre el Rodríguez Zapatero que le reclamó a Obiang la democratización cuando éste visitó Madrid en 2006 y el José María Aznar que quiere imponer su favorito sin cambiar las condiciones de sometimiento al régimen de los ecuatoguineanos. Nuestro deber, por tanto, es contribuir a evitarle a Guinea Ecuatorial la pesadilla de la continuación dinástica con el megamillonario vástago Teodorín o las aventuras mercenarias como la fallida de otro heredero de nombre Mark Thatcher. Sólo se requiere ser consistente.

* Abogado, cocoordinador del Programa Política Internacional, Laboratorio de Políticas Públicas, LPP.