EL PAíS • SUBNOTA
› Por Horacio Verbitsky
El fiscal Alberto Adrián María Gentili objetó afirmaciones de la nota publicada aquí el domingo 17. A continuación, su descargo, ordenado por temas, y las aclaraciones pertinentes:
Espionaje político: Los informes no fueron suyos sino de los fiscales de Mar del Plata y de El Dorado, Misiones, Daniel Adler y Liliam Edith Delgado. El de Mar del Plata no lo hicieron fuerzas de seguridad sino una fundación que dirige Carlos Corach, por lo cual no se violó la ley de inteligencia. El de Misiones, la unidad antiterrorista de la Policía Federal en la Triple Frontera sobre recortes periodísticos. El los devolvió porque no tenían relación con actuaciones de la Ufidro. Adolfo Pérez Esquivel lo denunció porque creyó que Gentili era el fiscal de Mar del Plata, pero una vez que le aclaró el error desistió. El alerta general a las aduanas del país no fue por estos casos políticos sino por uno de contrabando de cocaína en autos de colección, pero la foja se traspapeló.
La denuncia de Mar del Plata es del 21 de marzo de 2007, el alerta a las aduanas del 26 y la aclaración sobre el presunto traspapelamiento recién del 20 de julio. Fecha muy significativa, porque tres días antes la Liga Argentina por los Derechos Humanos denunció a Néstor Kirchner el espionaje político. En cualquier caso, la Ufidro carece de facultades para impartir órdenes operativas sin control judicial. Gentili dice que habló con Pérez Esquivel en octubre, pero la denuncia contra el fiscal fue presentada en diciembre y ratificada en febrero. El Legajo de Actuación Administrativa 104/2007 titulado “Fiscalía General de Mar del Plata, actividades de narcoterrorismo FARC”, muestra la convalidación por la Ufidro de las actividades de las fuerzas de seguridad, no menos ilegales porque las haya reproducido Corach. El informe de Misiones ni siquiera trata de drogas y además de recortes incluye información obtenida por infiltraciones y pinchaduras telefónicas. Ambos fueron enviados a la Ufidro días después de cursos realizados allí. En las comunicaciones con los fiscales de cada lugar Gentili no cuestiona la legalidad de esos actos al margen de la ley. Nada más significativo que la ausencia de ese tipo de informes a partir de la nota de Adriana Meyer en Página/12.
Persecución de perejiles: Según Gentili la UFIDRO no tiene especialización en delitos simples o complejos, sino que debe asistir a las fiscalías en lo que requieran. La imagen de persecución de perejiles puede haber surgido de la denuncia que él recibió y remitió a la fiscalía correspondiente contra la revista THC por preconizar el consumo de marihuana.
No sólo por esa causa: todas las denuncias de la Ufidro son por tenencia para consumo, pese a que su creación se fundamentó en un convenio entre la Procuración y el ministerio del Interior para investigar sólo delitos complejos, tal como consta hasta en el nombre de la Unidad de Apoyo Fiscal para la Investigación de Delitos Complejos en materia de Drogas y Crimen Organizado. Esto le permitiría rehusar colaboración en las denuncias contra perejiles. Dos de ellas fueron declaradas nulas por los jueces Aristóbulo Aráoz de Lamadrid y Marcelo Martínez Giorgi. Varios empleados de la Ufidro que hicieron objeción de conciencia a intervenir en la persecución de pequeños consumidores fueron trasladados a lugares lejanos para forzarlos a renunciar. Gentili les advirtió que en la Ufidro “los libros de Zaffaroni sirven para nivelar la mesa”. El sindicato de empleados de la justicia lo denunció por hostigamiento laboral. La actuación más famosa de Gentili fue una denuncia contra el ciudadano boliviano Irineo Mora Sandi, quien pasó un año y medio preso por tenencia de hojas de coca. Cuando la Cámara Federal de Lomas de Zamora dispuso su libertad y sobreseimiento, el Estado Nacional le pidió disculpas. Hasta podría haber penas económicas contra la Argentina por privación ilegítima de la libertad.
Nepotismo: Gentili afirma que no ha designado a ningún pariente y que es el único abogado de su familia. Dice que el trabajo en la Ufidro no se presta al amiguismo o el parentesco porque requiere alta idoneidad. Su antecesora en el cargo, la fiscal Mónica Cuñarro, hizo una denuncia por nepotismo pero el fiscal de Cámara Germán Moldes la archivó.
Hay algunos mecanismos ingeniosos. Gentili designó en la Ufidro a Facundo González, de profesión chef y sobrino de Ramiro González, el fiscal a cargo de la unidad que investiga delitos contra el medio ambiente, Ufima. Notable coincidencia: la esposa de Gentili, María Eugenia León, fue designada por González secretaria de fiscalía general en la Ufima, con 5000 pesos mensuales, el segundo sueldo más alto de la unidad. La Ufidro tiene seis secretarios de Cámara, con sueldos de más de 6000 pesos mensuales. Uno de esos secretarios es Santiago Marquevich, hijo del destituido juez federal Roberto Marquevich. Los días en que aparece en la Ufidro, su esposa, Adriana Maya, vende bijouterie en el baño. Su primo, Nicolás Marquevich, estudiante de abogacía fue designado por Gentili como único representante en un curso de informatización que la DEA organizó en Bolivia. Otra secretaria de Cámara de la Ufidro es María Belén Recalt. Pero en realidad trabaja en la fiscalía federal 2 de Lomas de Zamora. Su titular es Gentili, pero como él consiguió el traslado a San Isidro, quedó a cargo de un fiscal ad hoc: el esposo de Recalt, Ariel Berze, juntos para que no extrañen, aunque la normativa lo prohíba. Otro secretario, éste de primera instancia, es Laureano Alberto Durán, un joven recién recibido, hijo del camarista Ramón Alberto Durán y nieto del presidente de Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura. Juan Manuel Ugarte es sobrino de uno de los secretarios de la PGN. La psicóloga Viviana Catalano es la esposa de Adrián Omar Marchisio, uno de los secretarios generales de la Procuración, a cargo de la Secretaría de Coordinación Institucional y Ana María Casal la del subprocurador Eduardo Casal.
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