La causa por los famosos sobornos del Senado no es la única que persigue al ex presidente Fernando de la Rúa. Existen otras dos. Una, remite a las épocas en las que el ahora alicaído ex jefe de Estado fue jefe de Gobierno porteño. En aquellos tiempos, una denuncia del abogado radical Juan Carlos Iglesias disparó un escándalo que dejó al descubierto un presunto mecanismo para designar empleados en el Concejo Deliberante. Ese fue el destino de José Benito Passo, un humilde jardinero que se desempeñaba en la quinta del ex mandatario en Pilar. El detalle era que su sueldo habría salido de las arcas comunales y no del bolsillo del gobernante. Hoy, el juez Alberto Baños lleva la causa que investiga a De la Rúa por “malversación de fondos” con penas que podrían llegar hasta los 10 años de prisión. El otro proceso que el ex presidente debe afrontar es el que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadío por la feroz represión del 20 de diciembre de 2001. Por esta causa se le imputan cinco homicidios culposos y más de un centenar y medio de lesiones ocurridas en aquellas jornadas que concluyeron con la caída del gobierno de la Alianza. A su vez, Bonadío dispuso un embargo de dos millones de pesos a los bienes del ex presidente. Al día de hoy, De la Rúa continúa alegando que lo sucedido responde a un complot orquestado por líderes del justicialismo y hasta de su propio partido, la UCR. Pero no todas son malas para el presidente que gustaba usar camperas de gamuza marrón. El 19 de abril de 2007, para su fortuna, fue sobreseído en la causa en la que se lo investigaba junto a otros funcionarios por supuestas irregularidades en los contratos de construcción y explotación de la autopista Illia.