“La etapa abierta tras la devaluación de 2002, aun en medio de tasas de crecimiento del PBI del 9 por ciento anual, no logra diferenciarse de la de los años ’90 y, aún más, pareciera establecer como tendencia de mediano y largo plazo estándares distributivos, extensión y profundidad de la pobreza, calidad de empleo y nivel salarial aún peores que los consolidados durante la década anterior.” El diagnóstico no pertenece a un economista marxista pronosticador de catástrofes, a un resentido consultor noventista ni a un político opositor, sino a Artemio López, sociólogo y habitual consultor de Néstor Kirchner, en un estudio sobre la devaluación y sus devastadores y persistentes efectos sociales.
López analiza lo que define como el mayor proceso de licuación de pasivos registrado en el país, capítulo mayor de una larga saga de transferencias de ingresos hacia la cúpula del poder económico. Para ello compara la situación pre y pos devaluación a través de diez indicadores relevantes sobre el desarrollo social y económico.
La distribución del ingreso acentuó su concentración: la brecha de ingresos creció 6,7 por ciento y el coeficiente Gini se ubica hoy en el segundo peor registro de historia, sólo superado por el de octubre del 2002, es decir el piso de la crisis. La inflación posconvertibilidad se concentró en los rubros de la canasta básica de alimentos, perjudicando a los sectores más desfavorecidos y aumentando su vulnerabilidad social. Durante los ‘90, la pobreza registró un promedio del 25 por ciento y la indigencia del 5 por ciento; durante la gestión de la Alianza aumentó al 30 y el 10 por ciento, respectivamente; en la gestión de Remes Lenicov y Roberto Lavagna la pobreza promedió el 45 por ciento y la indigencia el 20 por ciento.
El desempleo aumentó, y lo mismo la informalidad laboral, que hoy alcanza un promedio del 45 por ciento, muy superior al 30 por ciento de los ’90 y acercándose a índices comparables a los de otros países de la región. En cuanto a los salarios, entre fines del 2001 y el tercer trimestre del 2004 perdieron un 22,5 por ciento del poder adquisitivo, que aumenta al 33,5 por ciento cuando se toman en cuenta sólo a los del sector público. El cálculo es resultado de comparar la evolución de los índices salariales con los de inflación y se ve, en concreto, en la adaptación de los patrones de consumo a segundas marcas y productos de baja calidad. Al mismo tiempo, el porcentaje de asalariados que percibían sueldos por debajo de la línea de pobreza pasó del 15 al 33,1 por ciento.
Resultado de un análisis estrictamente cuantitativo, el libro de López se limita a fotografiar la realidad con datos, números y cuadros. No ensaya una sola explicación sobre los motivos que llevaron a semejante proceso, no intenta rastrear las causas de la crisis ni señala responsables. Se lee, veladamente, una crítica a la política económica oficial que –dice– no consigue revertir los efectos profundos de la maxidevaluación.
Su conclusión es que, pasado ya el efecto de la notable recuperación económica luego del pico de la crisis, los indicadores sociales están lejos de los niveles de los ’90: a pesar de tasas de crecimiento del 8 o 9 por ciento, la economía registra grados de inequidad distributiva superiores en un 35 por ciento a las de la década anterior, medido por brecha de ingresos, y la mayor concentración de ingreso si se aplica el coeficiente de Gini.
La consecuencia es un cambio radical de estructura social. Se han achicado notablemente los sectores medios plenos y medios altos, que pasaron derepresentar el 31 por ciento en el 2001 al 19 por ciento, completando el ciclo de máxima declinación histórica de la clase media argentina.