La derrota militar de la Argentina en el Atlántico Sur significó mucho más de lo que se percibió en ese momento. La guerra eliminó toda posible continuidad del régimen militar y destruyó para siempre la fantasía del autoritarismo como solución en la percepción colectiva de la sociedad argentina.

La derrota militar en el Atlántico Sur creó condiciones propicias para la construcción de la democracia que, en menos de dos años, se encontraría plena y definitivamente vigente en nuestro país. La forma en que la jerarquía militar condujo la guerra, sus errores e improvisaciones, produjeron una reacción virulenta en la sociedad civil y, también, entre los oficiales jóvenes, los que revistaban con grado de teniente coronel y los más jóvenes. A partir de entonces, la prédica del golpismo no volvería a tener respaldo generalizado en las instituciones militares, no obstante los intentos de fines de los ochenta, hasta desaparecer en forma definitiva.

Las claves de ese acervo no se encuentran sólo en la derrota militar sino también en la forma en que la junta militar condujo la transición política, entre junio de 1982 y diciembre de 1983, y en la profunda crisis interna de las instituciones militares, que incluyó un estado de insubordinación latente de amplios estratos de la oficialidad joven y una imposibilidad insuperable de recomponer la relación entre las tres fuerzas armadas durante ese período.

La situación de crisis interna y aislamiento absoluto en que quedó el gobierno militar en el escenario post Malvinas obstaculizaron la toma de decisiones y bloqueó toda posibilidad de resolver cuestiones vinculadas a la transición mediante negociaciones con los actores civiles. El régimen militar se precipitó así en un acelerado proceso de descomposición, antes que en conductor de un proceso de transición, como los que tuvieron lugar posteriormente en los países vecinos.

La derrota militar fracturó la unidad interna de las fuerzas armadas y afectó seriamente las relaciones jerárquicas internas. Al mismo tiempo, frente al régimen militar no existían actores políticos legitimados ante la sociedad, salvo unos pocos líderes políticos que se habían mantenido al margen del acercamiento al gobierno militar que produjo la guerra y los líderes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Estos cobraron creciente legitimidad durante el proceso de transición y fueron quienes realmente encabezaron el cuestionamiento civil al gobierno militar.

La derrota de las fuerzas argentinas el 14 de junio no implicó el descabezamiento inmediato de la cúpula militar, pero destruyó la unidad interna de las fuerzas armadas, que era el sostén político fundamental del régimen. El general Galtieri, en un último gesto de desdén por la sociedad, y por la realidad misma, continuó varios días desempeñando sus cargos de presidente y comandante en jefe. Ajeno a toda mesura, intentó una vez más gesticular desde los balcones, ahora testigos de airadas reacciones.

El 17 de junio, luego de destituir a Galtieri, un grupo de cinco generales propuso al general Vaquero hacerse cargo de la jefatura de la fuerza. Pero Vaquero no aceptó debido a su condición de jefe del estado mayor del destituido comandante. Lo hizo en cambio el general Nicolaides, que le seguía en antigüedad, quien a su vez designó al general Bignone como presidente.

La decisión de Nicolaides implicaba una ruptura con la Armada y la Aeronáutica que, por su parte, también se encontraban considerando alternativas para la conducción del gobierno. Las relaciones entre las tres fuerzas habían llegado a un punto de máxima tensión y el brigadier Lami Dozo, jefe de la Fuerza Aérea, pretendió capitalizar el prestigio ganado por los aviadores durante la guerra y asumir la presidencia en reemplazo de Galtieri. La Armada, que se encontraba en una situación más difícil que la Aeronáutica, prefería “designar” un civil para ocupar el cargo presidencial.

Pero Nicolaides mantuvo su postura de nominar a Bignone y, el mismo 17 de junio, la Armada se “retiró” de la junta, desvinculándose de la conducción política del régimen militar. La Fuerza Aérea adoptó una actitud semejante, quedando el Ejército como único responsable de la conducción del gobierno.

El Ejército se hallaba en estado deliberativo desde el fin de la guerra y durante las primeras semanas de agosto sufrió una severa crisis interna. En ese delicado contexto, el general Nicolaides decidió entregar el poder a un gobierno civil, surgido de elecciones libres, durante el primer trimestre de 1984. También a principios de agosto, el brigadier Lami Dozo pasó a retiro, junto con ocho brigadieres, por presiones internas de su fuerza. La Armada decidió reemplazar a su comandante en jefe a partir del 1º de octubre, junto con el pase a retiro de dieciocho almirantes. Con estos cambios, el 10 de setiembre los jefes de las tres fuerzas armadas decidieron restablecer la coparticipación de las mismas en la responsabilidad gubernamental y la entrega del poder a las autoridades civiles a principios de 1984.

Meses más tarde, en vísperas del séptimo aniversario del golpe militar, Nicolaides anunció que se hallaba en estudio una ley de “pacificación nacional”. El 28 de abril, la junta militar dio a conocer lo que llamó “documento final” de las Fuerzas Armadas y las reacciones en el campo de la sociedad civil fueron contundentes. Desde el campo político el documento también fue censurado, aunque en términos más tibios.

A partir de la publicación del “documento final” las autoridades militares adoptaron una política de emergencia. Su repliegue del gobierno no era optativo ni estaba mediado por negociaciones reales. En esas circunstancias, la preocupación central de la conducción militar fue mantener unido el llamado “frente interno”, que se hallaba permanentemente en crisis.

Entre julio y septiembre, las tres fuerzas armadas, por separado, discutieron la posibilidad, conveniencia o necesidad de una “ley” sobre el tema derechos humanos, llegando a posturas distintas e incompatibles entre sí. No obstante las disidencias, la oposición interna y el clima reinante en la sociedad, el 23 de setiembre, el Ejército logró que se sancionara la ley Nº 22924, “de pacificación nacional”, por la cual se otorgaba una amnistía por actividades subversivas y “excesos en la represión”.

La norma provocó reacciones contrarias tanto en la sociedad como en el interior de las instituciones militares, por motivos naturalmente muy distantes. El régimen militar se derrumbaba por su propio peso, sin que en ello interviniera otra presión que la de sus propios hechos, presentes y pasados. La lógica de un poder que había traicionado principios básicos de toda índole lo llevó a enajenarse el respaldo de sus propios miembros, profundizando su aislamiento y sin lograr resolver ninguna de las cuestiones que figuraban en su agenda. En los 18 meses posteriores a Malvinas se definió así un escenario favorable al establecimiento sólido de los principios democráticos en la Argentina, incluidos los rincones recónditos de las instituciones militares.

* Decano, Estudios de Postgrado Universidad de Belgrano.