El presidente Eduardo Duhalde afirmó ayer que “el camino de la autorregulación” es el ideal para los medios electrónicos de comunicación, subrayando su certeza de que el Estado no puede, ni debe, incurrir en conductas que puedan interpretarse como de censura. “Los contenidos de la televisión deben mejorarse, pero por consenso y sin censura”, afirmó en una reunión con representantes de canales y productoras. El encuentro de partes fue con la excusa de poner en vigencia un nuevo Régimen de Graduación de Sanciones a las emisiones de radio y televisión, ideado por el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer).
El marco del encuentro acaso sirva para explicar el tenor de las apreciaciones de Duhalde: una fuerte polémica por algunas intervenciones del Comfer, como la sanción a América por afirmaciones del actor Gerardo Romano en el programa “Televisión Registrada”, que se concretan bajo el amparo de una Ley de Radiodifusión aprobada durante la dictadura militar 1976-1983. La asociación Periodistas, por ejemplo, dijo luego de conocerse que el organismo multaba al canal por 200 mil pesos a raíz de las críticas de Romano al Gobierno, a los políticos y a la Iglesia, que eso se parecía muy peligrosamente a una invitación a la censura previa.
Duhalde garantizó ayer que el Estado “va a seguir apoyando” a los medios como integrantes de “la actividad económica y como transmisores de cultura” y los instó a encontrar fórmulas debatidas de autorregulación que eviten conflictos con los organismos estatales. El titular de la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas, Carlos Fontán Balestra, le reclamó entonces que el Gobierno mantenga “la vigencia de los planes de competitividad” que benefician a los medios de comunicación. Las empresas de radio y televisión “sufrieron en los últimos tres años una disminución dramática de la publicidad a lo que se suma el efecto de la devaluación”, afirmó. El Jefe de Estado respondió que la profunda depresión que atravesó el país “desató un proceso degenerativo que puso en crisis a todas las instituciones de la que son parte” las empresas de radio y televisión. “Es impensable pretender que los medios estuvieran ajenos al tremendo derrumbe”, agregó Duhalde, en cuya opinión eso explica que la radio y la televisión hayan “perdido calidad”.
El nuevo régimen legal, promovido por el cuestionado titular del Comfer, Carlos Caterbitti, determina la calificación de las infracciones, tanto leves como graves, y aplica las penalidades correspondientes, con escalas que van de los 1.000 a 50.000 pesos. En la nueva norma también se prevé la suspensión de la emisión de espacios publicitarios, o inhabilitación o caducidad de licencias y establece un mecanismo trimestral de acumulación de infracciones, de cumplimiento efectivo. El acuerdo global fue suscripto por representantes de Telefé, América, Canal 9 y Canal 13, así como el titular de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (Capit), Diego Guebel. Además de ATA también firmaron la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentina (ARPA) y la Asociación de Televisión por Cable (ATVC).
El acuerdo refiere en materia de contenidos a la legislación específica nacional, así como también a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño, subrayando la responsabilidad formadora y educativa de los medios. Las “pautas básicas” buscan que dentro del horario de protección al menor, se eviten programas con “contenidos de violencia explícita, erotismo que exceda el plano estético, problemáticas adultas referidas a incesto, suicidios, prostitución, abuso sexual, así como transmisiones calificadas para mayores de 13 o 16 años”.
Al mismo tiempo, ya sea dentro o fuera del horario de protección al menor, el acuerdo propone evitar emisiones “con contenidos de violencia extrema, descarnada o recurrente, aquellas que induzcan al consumo de sustancias adictivas, así como la exaltación de sus efectos como positivos o placenteros”. También se pretende resguardar al público de “mensajes discriminatorios de cualquier índole, contenidos obscenos que exalten lamorbosidad, ofendan el pudor público o degraden la condición humana y lo pornográfico, y la exposición de la identidad de menores involucrados en hechos delictivos”. Por otra parte, recomienda no incurrir en ofensa a las instituciones de la democracia.