Según el Comfer, la voz de la Iglesia Católica ha cometido el pecado del monopolio mediático. Hace unos días, el interventor de ese organismo, Julio Bárbaro, le pidió al clero que se desprenda de la mitad de las seis licencias radiales de FM que posee en la ciudad de Buenos Aires. También pidió que dejen algunas de las adquiridas en el interior (llegan a más de 130). La Iglesia posee la segunda red de medios más grande del país después de la cadena nacional encabezada por Canal 7 y Radio Nacional. Entre los argumentos que dio el interventor del Comfer, sugiere que no todas las radios del Episcopado se utilizan con fines religiosos, sino que algunas de ellas fueron subalquiladas con otros propósitos, más cercanos a lo comercial. La Iglesia Católica se hizo poseedora de las frecuencias –están todas a nombre del cardenal Jorge María Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires– el 5 de diciembre de 1990, gracias a una resolución de León Guinzburg durante el gobierno del entonces presidente Carlos Menem.
La lista de radios está compuesta por Parroquia del Carmen 91.7 FM (ubicada en Mansilla 2446), Nuestra Señora de la Misericordia 90.1 FM (Larrazábal 2390), Resurrección del Señor 91.3 FM (Av. Dorrego 894), San Roque 88.5 FM (Plaza 1160), María Madre del Redentor 105.1 FM (México 2745), San Cayetano 107.1 FM (Cuzco 220, dentro de la iglesia San Cayetano). Julio Bárbaro denuncia: “Acá hubo un reparto exagerado para la Santa Madre”, mientras algunos especialistas se preguntan si las radios no han sido usadas para “lavar las culpas” de los políticos.
Julio Bárbaro adelantó a Página/12 que la negociación por la devolución de tres radios está más que avanzada. “Hace un tiempo se viene evaluando que no hay una utilización confesional o justificada de las radios de la Iglesia”, dijo. Además, estaría violando las leyes antimonopólicas que no permiten tener más de tres medios por zona de influencia. Por ahora, el Comfer logró que la Iglesia adquiriese una sola personería jurídica para todas las radios, ya que convivían distintas corrientes eclesiásticas pujando por más frecuencias. Ahora todas quedaron bajo la órbita de monseñor Mirás. Cuando se produzca la “devolución”, una de las licencias iría a parar a manos del ISER, instituto de locución que desde hace tiempo pide una emisora propia para sus alumnos. Pero otros multimedios nacionales ya demostraron su interés en las restantes.
La solicitud de la Conferencia Episcopal Argentina –por la cual la Iglesia se quedó con esas licencias– llegó a través del expediente 1866, y obtuvo resolución el 5 de diciembre de 1990. El pedido se había realizado a través de la Comisión para los Medios de Comunicación Social de la Iglesia. La Ley de Emergencia 23.696 facultó al Poder Ejecutivo, por entonces en manos de Menem, de “adoptar las medidas necesarias para regular aquellos medios no encuadrados en la legislación vigente”. La resolución del entonces interventor León Guinzburg definió que “se cercenó el legítimo acceso de las personas jurídicas de carácter público, avasallándose con anteriores interpretaciones las rancias normas de estirpe constitucional, impidiéndosele legalizar el peticionado carácter de titular de aquellos medios a la Iglesia Católica”.
Guinzburg usó argumentos extraños en la justificación, e incluso citó al presidente Menem: “Se ratifica la promoción de la cultura nacional con proyección universal sin quedar a merced de los modismos alienantes y a través de los medios de comunicación en forma equilibrada y coherente, según señalara Menem el 16/2/1984 en su proclama sinsacate (sic) en oportunidad del aniversario de la muerte del Brigadier Juan F. Quiroga”. Además, Guinzburg decía que era “bueno y justo” que el poder del Estado se sintiese requerido por la resistencia moral de la Iglesia. Por el momento, ningún otro credo religioso obtuvo una resolución similar.
“La ley no permite que ningún tipo de credo posea medios electrónicos. Esta resolución fue medio informal, nunca se abrió el juego ni con los evangelistas ni con la comunidad judía”, cuenta Bárbaro, aunque todos conocen la existencia de la FM Jai 96.3 Mhz, perteneciente a la comunidad judía. El interventor admite también que algunos pastores adquirieron licencias de forma personal y privada, para luego implementar radios religiosas. Por lo general, los programas evangélicos que se escuchan a la medianoche son producto de la subcontratación de espacios, lo cual también está penado por la ley cuando se acerca a la subcontratación de licencias. La Iglesia Universal del Reino de Dios, por ejemplo, jamás pudo obtener legalmente un permiso, ni justificar los fondos con los cuales quería comprar medios.
La negociación viene desde el 26 de enero de 2004: ese día se aprobó el acuerdo de colaboración entre la Conferencia Episcopal Argentina y el Comfer. La comisión mixta tendrá a su cargo el deber de “recibir demandas de emisoras y utilizando criterios igualitarios para resolver los conflictos”. Por ahora, el clero no contestó cuáles licencias dejará, ni cuándo, ni cómo. Los demandantes están al acecho.