Desde Madrid

La Fundación Alternativas acaba de lanzar, por segundo año consecutivo, su Informe sobre la democracia en España. Enfocada en la “estrategia de crispación” empleada por el Partido Popular durante el primer gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-08), esta edición del informe presenta como novedad los resultados de un sondeo cualitativo realizado a más de un centenar de expertos en diferentes áreas.

Empleando la metodología ideada por el proyecto Auditoría Democrática que se realiza en el seno del Human Rights Centre de la universidad inglesa de Essex, la democracia española obtiene un 6,2 sobre diez. Más allá del debate sobre la (im)posibilidad de reflejar el funcionamiento de la democracia en una puntuación numérica, el estudio abarca importantes y diferentes aristas del sistema democrático español. Aspectos relacionados con la ciudadanía, las leyes y los derechos obtienen la puntuación más elevada (7,11), mientras las valoraciones más bajas (4,67) recaen en cuestiones relacionadas con la sociedad civil, en la que se preguntó por la actuación de los medios de comunicación, la participación ciudadana, y la vinculación entre ciudadanos y poder político.

En el apartado “Sociedad civil y participación” los puntos obtenidos por los medios de comunicación son bastante bajos. Mientras que la independencia de los medios respecto del poder político es calificada apenas con cinco puntos, la capacidad y libertad de éstos para denunciar los excesos del poder político o económico asciende a un siete. En un contexto en el que los conglomerados mediáticos y/o sus productos son identificados por los ciudadanos con los principales partidos políticos (piénsese en los matutinos El País y El Mundo en relación con el PSOE y el PP, respectivamente), es posible interpretar que la capacidad de denuncia de los medios se emplea en contra de los grupos políticos rivales. Asimismo las encuestas realizadas apuntan la dificultad de los medios a la hora de reflejar el espectro de opiniones de la sociedad española y la clara indefensión ante el “acoso mediático” que puede sufrir cualquier ciudadano.

Algunas de las causas de estas percepciones deben buscarse en el funcionamiento de un sistema mediático fundamentalmente comercial y altamente concentrado. Como se infiere de las páginas del Informe sobre la democracia en España 2008, cuatro grupos empresariales –Prisa, Planeta, Mediaset y Vocento– se reparten más del sesenta por ciento de la facturación del sector comunicación (diarios, revistas, televisión y medios electrónicos). La homogeneización de formatos y contenidos, la invisibilidad de expresiones sociales o la imposición de la lógica mercantil son frutos de un sistema mediático percibido con desconfianza.

La ausencia de una autoridad audiovisual independiente del gobierno a escala nacional, una de las legislaciones europeas más laxas en materia de concentración empresarial, un endeble sector de medios comunitarios y una radiodifusión pública en proceso de reorganización contribuyen a que el desempeño de los medios de comunicación españoles despierte la desconfianza de sus naturales sostenedores. Trabajar sobre estas debilidades puede ser un camino plausible a la hora de establecer una relación diferente a la actual. Sin una legitimidad social reconocida, la raison d’être de los medios de comunicación en una democracia se desdibuja. Pierden los medios, pero la democracia es la principal perjudicada.

* Doctor en Comunicación. Coordinador del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas (OCC-FA).