Es sabido y reconocido por los analistas y dirigentes la falencia del kirchnerismo en cuanto a la comunicación de gobierno. Sin obviar la importancia del peso y abuso de posición dominante de los grupos mediáticos, es posible enumerar episodios en los que las corporaciones han resultado victoriosas en la batalla de la persuasión, en base a datos falsos, pseudoacontecimientos y demás males de la desinformación.

Asimismo, los aciertos en torno a los anuncios en cadena nacional, la publicidad en Fútbol para Todos y una articulación de la militancia en las redes, muchas veces logran discutir posiciones de una agenda impuesta (y también sobreactuada de los grandes medios privados) pero que siempre acaban reforzando adhesiones previas.

Lo que resulta innegable, en este proceso de 12 años fue la discusión del espacio político en los medios, con el debate y sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual (LSCA), que puede ser sintetizada en la idea de un “Estado comunicador”. En efecto, toda institución siempre comunica, pero si hay algo distintivo de los populismos de la región, es la enfática acción de erigirse como emisores y promotores de voces históricamente silenciadas por el neoliberalismo.

A partir de la visibilidad del conflicto y de la puesta en ejecución de políticas públicas que han ampliado el acceso a la palabra, en Latinoamérica se instituyó a la comunicación como derecho social y a los Estados como sus protectores. Si bien se pueden trazar paralelismos entre los países de la región, las diferencias hacen ridículas las generalizaciones.

Tanto el Estado Plurinacional de Bolivia como la República Bolivariana de Venezuela han avanzado en la jerarquización de la comunicación como área ministerial. Lejos de buscar copias que generarían yuxtaposiciones de tareas con los organismos locales, es necesario hacer un repaso de concepciones que dialogan en la Patria Grande.

En Bolivia, el ministerio proclama su existencia y objetivos en pos de una comunicación descolonizadora, intercultural y popular. Para tal fin, tiene como áreas estudios de opinión pública, diseño y planificación de políticas de comunicación, que son centralizadas en el Estado para su retroalimentación. De ese modo, el organismo se dedica, también, a diseñar estrategias para difundir los alcances de las políticas públicas de otras carteras.

En pocas palabras, en el caso boliviano se resuelve la atomización instalada de la comunicación gubernamental, las tareas de prensa, la gestión de políticas comunicacionales en detrimento de los consultores, medios y decisores privados.

Por su parte, Venezuela presenta subministerios por cada tipo de medio de comunicación, alcanzando las redes sociales. De alguna manera, ese ministerio busca luchar en el espacio público-mediático al brindar herramientas a los medios comunitarios y las diferentes formas de la comunicación popular. Algunas de ellas, son funciones que en nuestro marco jurídico le corresponden a la Afsca y contiene otros alcances como la “ley resorte” que no tiene un paralelo en el plano local, dado que la LSCA no regula contenidos.

Lo interesante, entonces, es que en Argentina hay intentos provinciales de jerarquizar la comunicación, como es el caso de la provincia de Córdoba, pero en su explicitación de funciones concentra tareas de prensa y marketing: gacetillas, compras de equipos y contrataciones para publicidad. No es muy diferente a la lógica dominante en las secretarías, dedicadas muchas veces al rol vocero del Poder Ejecutivo, pero bastante alejadas de las líneas regionales.

Incluso, se evidencia la necesidad de pensar estrategias mediáticas para llevar al público masivo acciones que enriquecen el debate democrático como los foros de la Ley Federal de Culturas, Encuentro de la Palabra y Emancipación e Igualdad, organizadas por el Ministerio de Cultura.

Efectivamente, el recorrido de la democratización de la comunicación en la Argentina ha sido sinuoso, con algunos traspiés en lograr la desmonopolización. Quizás ésa sea la lectura más superficial que opaca políticas públicas puestas en práctica en los últimos años (la accesibilidad en los Núcleos de Acceso al Conocimiento –NAC–, Puntos de Acceso Digital PAD, como de exhibición on demand de Contenidos Digitales Abiertos –CDA– o de contacto, como la red social CLIC, o la función del Ministerio de Educación como responsables de las señales Encuentro, Pakapaka y DeporTV, entre otras), que enfrentan el desafío de su articulación y visibilización como derechos sociales adquiridos. Es en ese hiato fértil para la disputa del sentido político donde el ministerio de comunicación nacional resulta una tarea pendiente.

* Licenciada en Comunicación Social (UNLaM). Becaria Conicet del Observatorio de Jóvenes, Medios y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata.