La última dictadura cívico-militar marcó un antes y después en la historia de nuestro país. No en vano se autoproclamó “Proceso de reorganización nacional”. Ese fue su objetivo: implantar, a fuerza del terror y la violencia, una nueva estructura económica que se erigía en la apertura económica irrestricta, el endeudamiento externo y la promulgación de decretos que favorecían un modelo de acumulación basado en la renta, la especulación y las finanzas (véase Ley 21.526 de Entidades Financieras y Ley 21.382 de Inversiones Extranjeras).

Para llevar adelante un cambio de tal magnitud, la dictadura precisó construir un clima de cierto consenso social que diera pie a la “reorganización” que pretendían llevar a cabo. Para eso, el mismísimo 24 de marzo, emitieron el comunicado Nº19 que, de alguna forma, “institucionalizó” la censura previa. Ese mismo 24, las Fuerzas Armadas convocaron a los dueños de los principales medios de Buenos Aires al Comando General del Ejército, donde se les notificó que se instauraba un “régimen de censura que podía ser largo”. Como señalan Marino y Postolski (Postolski G. y Marino S. “Relaciones peligrosas: los medios y la dictadura entre el control, la censura y los negocios” en Mucho Ruido, Pocas Leyes, Mastrini G. (Editor), La Crujía Ediciones, Buenos Aires, 2005), casi no hizo falta aplicar dicha censura ya que la gran mayoría de los medios y periodistas se autocensuraron y los que no lo hicieron fueron perseguidos, secuestrados, torturados, asesinados y/o desaparecidos.

Cuatro años más tarde, la dictadura promulgó el decreto 22.285, también conocido como ley de radiodifusión, que configuró un mapa de medios con bajos índices de concentración y orientado al capital y empresariado nacional. Dueños argentinos –y cada uno de ellos con pocos medios– facilitaron el régimen de miedo, control y violencia.

Años después, en la turbada democracia de 1989, Carlos Menem retomó parte de los lineamientos económicos de la dictadura cívico-militar, a los que agregó la privatización y/o extranjerización del patrimonio público y la instauración de una paridad peso-dólar, sostenida en el endeudamiento externo. Para ello, tejió una asociación con los grandes medios durante la campaña y en el día 41 de su mandato, promulgó la Ley 23.696 de Reforma del Estado, que en su artículo 65 daba luz verde a la conformación de multimedios mediante la habilitación de la propiedad cruzada de los medios de comunicación. De esta forma, los medios gráficos pudieron tener también licencias de radio y TV abierta, dando inicio a una nueva etapa en la comunicación de nuestro país: la de la privatización, concentración de la propiedad y su creciente extranjerización.

Ya en el 2015, en su segunda semana de gobierno, el Presidente Macri intervino la Afsca y removió a su presidente, Martín Sabbatella, por considerar que carecía de “independencia”. Dos semanas después, en el día 25 de su mandato, publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nº 267/15 que disolvió la Afsca y Aftic y creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) –que tiene 5 de 7 miembros en su Directorio que responden a Macri y, según reza el artículo 5 del Decreto: los 7 “podrán ser removidos por el PEN en forma directa y sin expresión de causa”–, pasando por alto artículos centrales de la ley 26.522, votada por mayoría en ambas cámaras en 2009 y abriendo paso a la hiperconcentración de medios, ya que levanta la restricción que impedía que empresas de medios compren empresas de telefonía y viceversa. “En vez de gestionar la adecuación de los multimedios a la ley, el Estado adecua la ley a la estructura y necesidades de los multimedios” señaló Martín Becerra.

Hoy, la legislación sobre comunicación parece haber entrado en una nueva etapa de idas y vueltas judiciales que desconocemos cómo terminará. Sin embargo, hay hechos evidentes: el macrismo, al igual que el menemismo y la última dictadura, actúa con febril urgencia para incidir en la configuración del mapa de medios. No sorprende. Es que en un contexto donde se quiere implantar un nuevo modelo de acumulación, la (re) regulación del sistema de medios, garantiza apoyos y adhesiones de empresarios poderosos. Y los bienes simbólicos que éstos comercializan y difunden, pueden ponerse al servicio del poder político de turno en pos de que las medidas de gobierno sean presentadas como “naturales” o, incluso, como el único camino posible.

* Licenciado en Periodismo (USAL), miembro de amersur.org.

@MPSosa88