El joven A. D., de 13 años, de la ciudad de La Plata, ingresó en diversas instituciones en busca de una respuesta a su problemática de adicciones. Ante los reiterados pedidos de ayuda de su madre, en junio de 2012 fue internado en la clínica neuropsiquiátrica Ferromed, de la localidad de Junín, provincia de Buenos Aires, donde fue encerrado en una pequeña celda de aislamiento con una ventana sin vidrios, equipada únicamente con un colchón de gomaespuma y una frazada. A esta evidente violación de todos los estándares de derechos humanos se agregaron malos tratos físicos y verbales y la ausencia total de una respuesta sanitaria acorde. Por otra parte, la internación no cumplía con los estándares de la Ley Nacional de Salud Mental, que “sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar”. De aquí también se desprende la priorización de lazos con el entorno social y familiar de la persona, aspecto que cobra mayor relevancia por tratarse de un niño de 13 años.

El defensor penal juvenil de La Plata, Julián Axat, presentó una medida cautelar urgente para visibilizar las deficientes respuestas institucionales. A partir de esta presentación, el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias convocó a una audiencia en la que las autoridades se comprometieron a trasladarlo desde Junín hasta el Hospital de Niños de La Plata para que fuera evaluado de manera interdisciplinaria y se implementara un dispositivo adecuado para su tratamiento. Sin embargo, AD permaneció una semana en un box del sector de Infectología del hospital hasta que, pese a la presencia de funcionarios de la Secretaría de la Niñez, escapó como tantas otras veces, sin evaluación y sin tratamiento.

Dos semanas después fue hallado en situación de calle, tras lo cual se reiteró el pedido de internación en la Clínica San Pablo. La jueza a cargo también indicó que se impidiera el contacto del niño con su madre, desconociendo los efectos dañosos de una intervención privativa de lazos parentales que ya se venían deteriorando. Con esta acción, la jueza desestimó el deber del Estado de garantizar los derechos a la integridad y a la salud mental y los hizo recaer en un niño y en su madre.

En la última visita realizada en octubre pudimos corroborar que el niño recibía dosis elevadas de una medicación (psicofármacos) cuyo tipo no se condice con su problemática de adicciones. También pudimos constatar que la contención física era una práctica habitual, utilizada como método para evitar la fuga. En realidad, el único poder de este tipo de intervención radica en plantear una relación cada vez más violenta que retroalimenta un funcionamiento perverso: provoca lo que pretende acallar, que no es otra cosa que el “mal comportamiento”.

Las autoridades han respondido de manera sistemática con correctivos terapéuticos que constituyeron castigos muy severos e intimidaciones sin sentido para el niño y todo su grupo familiar. Nada hace suponer que un problema de adicción pueda ser superado mediante el encierro y el apartamiento de lazos que le permiten construir identidad. Los tratamientos centrados en el aislamiento están dirigidos principalmente a satisfacer las demandas represivas del medio social, dañan a la persona y se sostienen en un paradigma de rehabilitación que demostró ser ineficaz para el tratamiento de estas problemáticas. Pese a los más rigurosos controles, el joven A. D. se fugó una vez más de la Clínica San Pablo. Quizá como una muestra –aunque frágil y precaria– de sus impulsos vitales por mantenerse a salvo de un tratamiento inadecuado y que no contemplaba sus necesidades y derechos.

Si a las dificultades en la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental añadimos el enfoque histórico punitivo que ha abordado a los menores de sectores pobres en conflicto con la ley penal, más aún si tienen alguna problemática asociada a las adicciones, obtendremos una respuesta institucional más o menos parecida a la que le tocó en suerte al joven A. D.