Usaron la horca, pero a veces se les cortaba la cuerda; probaron el fusilamiento, pero no siempre acertaban al corazón; después vino la silla eléctrica, pero más de una vez se incendió la cabeza del condenado y hasta el verdugo perdía el apetito. Sólo quedaron la tenebrosa cámara de gas y la inyección letal, el método preferido del sistema carcelario norteamericano para aplicar la pena de muerte. Ayer, este último sistema fue declarado constitucional por la Corte Suprema de Estados Unidos, pese a las protestas de dos condenados de Kentucky. Esta decisión será una especie de relanzamiento de todas las ejecuciones demoradas desde el año pasado.

“Los demandantes no probaron que el riesgo de sufrimiento vinculado con una mala administración de un protocolo de inyección mortal que reconocen como humano, así como el rechazo a adoptar alternativas no verificadas, constituye un castigo cruel e inhabitual” y prohibido por la Constitución, indicó el presidente de la Corte, el juez John Roberts. El fallo, por siete votos contra dos, rechazó los cuestionamientos a este método utilizado en la casi totalidad de las ejecuciones en Estados Unidos.

La inyección letal fue elaborada para mitigar el sufrimiento del condenado y no afectar la sensibilidad de los espectadores. El método consiste en la administración de tres productos: el primero duerme al condenado, el segundo paraliza sus músculos y el tercero detiene su corazón. Si todo ocurre con normalidad, la persona pierde rápidamente el conocimiento y muere en pocos minutos. Pero si el primer producto es mal administrado, las dos inyecciones siguientes resultan dolorosas en extremo, como manifestaron varios estudios científicos y una serie de ejecuciones fallidas.

Un estudio hecho sobre las autopsias de los presos ejecutados en Estados Unidos demostró que el sistema puede ser, además de doloroso, incapaz de garantizar la pérdida de conciencia del preso, paralizado pero no siempre sedado. La investigación, publicada a principios de 2006 por la prestigiosa revista científica Lancet, determinó que en 21 de 49 casos analizados la dosis de anestesia era tan baja que los presos estaban suficientemente conscientes como para mantener una conversación mientras morían envenenados. Este sufrimiento es imperceptible para los ejecutores y el público. O casi.

A fines de ese mismo año, Angel Nieves Díaz, ejecutado en Florida, hizo muecas, tembló, luchó por respirar, antes de sufrir convulsiones y fallecer tras 34 minutos. Las agujas estaban demasiado profundas y los venenos no llegaron directamente a su sangre. “¡No funciona, no funciona!”, gritó meses más tarde Joseph Clark, ejecutado en Ohio al ver cómo estalló su vena cuando se le inyectó el sedante. El año pasado, también en Ohio, al personal le llevó tanto tiempo encontrar una vena que el condenado, Christopher Newton, tuvo derecho a una pausa para ir al baño.

Tras las protestas recibidas, las autoridades estadounidenses revisaron este sistema de ejecución para determinar si viola la enmienda constitucional que prohíbe los “castigos crueles”. Todas las ejecuciones previstas desde entonces fueron postergadas. Así, en 2007 se registraron sólo 42 (el nivel más bajo en 13 años), mientras que en 2008 aún no hubo ninguna en un país donde dos tercios de la población está a favor de la pena de muerte y hay 3260 detenidos en el corredor de la muerte.