Perdieron a sus hijos, hermanos y esposos en el incendio de la cárcel de Varones de Santiago del Estero. Se manifiestan para evitar que la causa quede en la impunidad, y cuando marchan por justicia, los reprimen. “Tenemos documentado el seguimiento que nos están haciendo, pero acá no nos sirve de nada, y vamos a la Justicia pero mira para otro lado”, se lamentó María Luisa Cárdenas, abogada de los familiares de las víctimas. El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, recomendó al Ejecutivo provincial que atienda los reclamos de estos familiares, pero ellos dicen que ni siquiera los recibieron en la Gobernación, a casi seis meses de una de las mayores tragedias en la historia carcelaria argentina, en la que murieron 39 presos. La letrada afirmó que no hubo mejoras en las condiciones de detención de los sobrevivientes y advirtió sobre la posibilidad de que se produzcan nuevos incidentes. El gobierno provincial rechazó las denuncias.

Apenas había pasado un mes y los familiares denunciaron que la policía los seguía hasta cuando iban al cementerio. En marzo dicen haber sido reprimidos en los pasillos de Tribunales con un centenar de efectivos de Infantería. “Estábamos esperando novedades de la causa y nos golpearon, además de acusarnos de estar usurpando un edificio público. En las marchas pasa lo mismo, por eso cada vez viene menos gente”, se quejó Cárdenas en diálogo con Página/12.

El lunes 5 se manifestaron frente a la Legislatura provincial en reclamo de justicia y fueron reprimidos por policía uniformada y de civil que vigilaba el lugar. Tres mujeres –dos de ellas esposas y la tercera, hermana de presos muertos en el incendio– fueron detenidas: Karina Argüello, Cristina y Claudia Corvalán. Primero fueron golpeadas e insultadas cuando quisieron ingresar a hablar con el gobernador Gerardo Zamora, presente en la sesión de Diputados. Luego denunciaron que fueron golpeadas en la comisaría. Sobre todos estos hechos las autoridades niegan haber tenido conocimiento (ver aparte).

Desesperadas por ser escuchadas, a fines de abril un grupo de mujeres fue hasta Añatuya y logró llegar hasta el borde del palco donde hablaba la presidenta Cristina de Kirchner. Le entregaron una carta pidiéndole una audiencia, pero aún no tuvieron respuesta. Mejor les había ido con el Defensor del Pueblo nacional, que constató in situ que lo ocurrido en la cárcel era aún más grave que lo denunciado. Por eso emitió una recomendación para que los funcionarios “investiguen los hechos y escuchen a las víctimas”. En este punto también difieren las versiones de los familiares y del gobierno de Zamora.

Por la muerte de 39 internos de la Cárcel de Varones santiagueña, en medio de un incendio ocurrido el 4 de noviembre del año pasado, hay 12 guardiacárceles imputados de homicidio culposo, ocho de los cuales están detenidos. La fiscalía y la abogada de las familias le pidieron al juez Ramón Saavedra que los acuse por homicidio doloso, es decir, intencional, y que extienda la acusación a los funcionarios, pero el magistrado rechazó el pedido.

Según Cárdenas, debería estar imputado el ex subsecretario de Justicia, Santiago Darío Nassif, que habría dado la orden de reprimir adentro del penal, y su superior, el actual ministro de Justicia Ricardo Daives. “Estos funcionarios no quisieron comprar matafuegos, por lo cual tienen una responsabilidad directa. Además el juez no nos permite incorporar las pruebas que muestran las heridas de bala que tenían los cuerpos de los presos, lo que demuestra que las muertes fueron intencionales”, expresó la abogada. La versión oficial dice que se trató de un motín con intento de fuga, mientras que los familiares sostienen que las quejas de los presos por las requisas vejatorias durante las visitas detonaron la crisis.

El juez Saavedra viajará a Buenos Aires para llevar muestras a los peritos de la Corte Suprema, que realizarán los análisis patológicos. Más allá de este trámite, que buscaría establecer el tiempo que tardaron en morir los internos, la investigación estaría a punto de finalizar. Queda pendiente el testimonio de la psicóloga Silvia Rodríguez –que trabajaba en la cárcel pero fue exonerada– según el cual no hubo intento de fuga sino incidentes derivados de una golpiza a los internos.

El final de la instancia penal es necesario para que los familiares puedan accionar en el ámbito civil en reclamo de sus indemnizaciones. “Acá no es como en Buenos Aires, acá la vida vale menos”, comentó Cárdenas, al tiempo que especuló con que la Gobernación no va a litigar porque “le conviene que pase el tiempo y la gente se vaya cansando”.

La persecución que denuncia sobre los familiares se habría hecho extensiva a su persona. La letrada afirma que ahora no la reciben en ningún juzgado, lo cual la perjudica en su desempeño profesional en otras causas. Cárdenas informó a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) que a partir de la recomendación de Mondino al Superior Tribunal de Justicia provincial, dejaron de atenderla en los despachos de sus integrantes.

La abogada alertó también sobre la situación de los presos que sobrevivieron, sobre quienes persistirían prácticas represivas. “Dicen que mejoraron las condiciones pero no es cierto, en cualquier momento habrá otra revuelta”, vaticinó. Esta inquietud es compartida por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Santiago, que pidió una reunión con el gobernador Zamora para tratar la cuestión carcelaria.