Rafael Levy, dueño del complejo donde funcionaba el local del boliche Cromañón, fue procesado ayer por la Justicia como coautor de los delitos de “estrago doloso” y “cohecho activo” (coimas), en relación con el incendio que en diciembre de 2004 provocó 194 muertes. Levy, que había sido denunciado por la querella en enero de 2005, quedó procesado, sin prisión preventiva, por decisión del juez Alberto Baños, quien está ahora a cargo de la causa. El empresario tendrá que responder por los mismos delitos que le imputan al gerenciador del local, Omar Chabán, y a los miembros del grupo de rock Callejeros. “Levy había sido sobreseído por la jueza (María Angélica) Crotto (la primera que intervino en la causa), pero ese fallo fue revocado por la Cámara de Apelaciones y recién ahora lo procesaron”, le dijo a Página/12 Fernando Soto, uno de los abogados que representan a las víctimas del siniestro. Levy es el dueño del local donde funcionaba Cromañón y del hotel Central Park, en el edificio lindero. Todo el complejo fue clausurado después del incendio.

“Las pruebas contra Levy están desde enero de 2005, porque lo primero que se hizo fue interrogar como testigos a los empleados del hotel y ellos dijeron que era el dueño. Hacia el hotel daba el portón que funcionaba como salida de emergencia del local, en la época en la que el boliche se llamaba El Reventón”, recordó Fernando Soto. “En ese lugar, antes de Cromañón, había actuado Rodrigo (luego fallecido en un accidente de tránsito) y se hizo una convención evangelista. La salida de emergencia fue clausurada, por orden de Levy, luego de un incendio anterior al de diciembre de 2004, durante una actuación del grupo de rock La 25.”

Soto, citando lo que dijeron los empleados del hotel, precisó que “la clausura de la salida de emergencia se debió a que Levy recibió la recriminación de los clientes del hotel. El día del incendio durante el recital de La 25, al que asistieron 500 personas, el público salió hacia el garaje del hotel, dado que el portón no tenía salida directa a la calle. Para escapar de las llamas, pasaron por arriba de los autos y los abollaron a todos. Para evitar que eso ocurriera otra vez, Levy le ordenó a Chabán que clausurara el portón”. Antes de la existencia de El Reventón, por ese portón ingresaban al predio los ómnibus de la empresa El Rápido.

Luego de que se revocara su sobreseimiento, Levy fue indagado por el juez Baños el 27 de diciembre pasado. En esa declaración, el dueño del complejo donde funcionaba Cromañón aseguró que él “no tenía nada que ver con el local del boliche y que tampoco tenía ningún trato con Chabán”, aseguró Soto. Para la Justicia fue complicado determinar quiénes eran los propietarios del lugar porque “había un número importante, un montón de sociedades que resultaron ser nulas, es decir sociedades truchas”, sostuvo el abogado. También criticó la decisión de Levy de ordenar el cierre de la salida de emergencia: “Es como si el dueño de un crucero resuelve quitar todos los botes y los salvavidas que lleva a bordo porque les molestan a los pasajeros que viajan en primera clase”.

Además de Cromañón y del Hotel Central Park, en el complejo propiedad de Levy funcionaban un estacionamiento y una cancha de fútbol 7. Baños también resolvió el sobreseimiento de los cuatro socios de la firma Lagartos SA, que figuraba como locataria del predio que luego fue adquirido por Levy. Patricio Poplavsky, otro de los abogados querellantes, comentó que Levy había presentado ante Baños un modelo de contrato de locación que lo unía con Chabán, pero que nunca llegó a firmarse. De todos modos, Baños encontró elementos que señalarían a Levy como dueño y no como locatario, no sólo del hotel sino también del boliche Cromañón.

“Levy sabía que Cromañón no estaba habilitado para realizar recitales de rock y por eso es responsable de lo ocurrido”, aseguró Poplasvki. Soto, por su parte, insistió en que fue Levy quien “ordenó que cerraran la salida de emergencia”. El juicio oral por Cromañón podría empezar a fines de este año o principios del próximo. No se sabe si Levy será acusado en ese proceso o si quedará para un segundo juicio oral. Por “estrago doloso”, el empresario podría recibir hasta 20 años de cárcel.