En el Congreso habría consenso, en la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, para que la designación del futuro procurador penitenciario se realice mediante “un trámite participativo” en el que puedan intervenir representantes de organizaciones no gubernamentales, a fin de garantizar “la idoneidad del candidato o candidata y su compromiso con la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad”. El planteo sobre la necesidad de diseñar “un trámite que sea lo más transparente y plural posible” para elegir al ombudsman de las personas detenidas en las cárceles federales fue llevado a los legisladores por Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en representación de diez entidades. Durante una reunión con la presidenta de la Comisión Bilateral, Roxana Latorre, se entregó un texto donde se propone un mecanismo para recibir postulaciones y luego decidir entre los tres candidatos que sean considerados los de mayor idoneidad para ocupar el cargo, vacante por el alejamiento de Francisco Mugnolo, procurador penitenciario durante ocho años, luego de una dura disputa con el titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio.

Hasta ahora, la designación del procurador penitenciario era facultad de la Comisión Bicameral, pero su presidenta dejó abierta la posibilidad de que eso sea modificado. En principio, existe consenso entre los 14 miembros del cuerpo legislativo, que el martes 27 se reunirá para resolver el punto en cuestión. En fuentes legislativas se supo que se han recibido propuestas, del ARI y del radicalismo, que tienen coincidencias con la iniciativa entregada por el CELS, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), el Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la UBA y el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, entre otras organizaciones.

Entre las sugerencias presentadas por las ONG figura la realización de una audiencia pública para analizar la actual situación penitenciaria, con la participación de instituciones gubernamentales y no oficiales involucradas en el tema carcelario, a fin de que proporcionen “su diagnóstico” sobre la situación general y sus opiniones sobre “cuáles deberían ser las prioridades de la Procuración Penitenciaria” para enfrentar el problema. Luego de escuchar a las diferentes instituciones, los miembros de la Comisión Bicameral podrían “clarificar los requisitos para el cargo” y los legisladores “tendrían mayor información para evaluar los/las candidatos/as respecto de sus planes de acción y capacidades”.

Las ONG consideraron que para definir el perfil de la persona que ocupe la titularidad de la Procuración Penitenciaria habría que cumplir con los siguientes requisitos: trayectoria y compromiso con la defensa de las personas privadas de su libertad; idoneidad técnica y moral para el ejercicio de la función; independencia respecto de la gestión a cargo de dirigir el servicio penitenciario y las fuerzas de seguridad a las que pueda controlar; capacidad para definir un plan de acción que tome en cuenta la situación actual; capacidad de gestión y de diálogo institucional y capacidad para generar alianzas sociales que brinden apoyo y visibilidad a los problemas en los lugares de detención.

Se propicia, también, que se abra la recepción de postulantes, dándoles posibilidad a “candidatos/as que provengan de sectores políticos y sociales que difícilmente puedan acceder con una postulación cerrada” como la que se hace hasta hoy. Esta etapa “debería finalizar con la publicación del listado completo de candidatos/as y el libre acceso a los antecedentes que se acompañaron para apoyar las postulaciones”. La Comisión Bicameral debería hacer luego una preselección, de la que surgirían “los tres candidatos/as que pasarían a la etapa de consulta pública”.

Luego debería hacerse una entrevista pública con las tres personas elegidas para que “los y las legisladores/as –y la sociedad en general– puedan conocer las posiciones de quienes aspiran a ocupar el cargo”. Se cree que, luego de cumplir todos esos pasos, la Comisión Bicameral “estará en condiciones de elegir al candidato que propondrá, mediante dictamen fundado, a ambas cámaras (legislativas) para su aprobación por dos tercios de los votos, como establece la ley”.

Argentina es el único país, en toda la región, que incorporó la figura del ombudsman de las cárceles. El cargo fue ejercido hasta hace dos semanas por Francisco Mugnolo, quien se alejó luego de una dura controversia con el titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio, un civil que había trabajado en la Procuración. Mugnolo denunció la existencia de un complot para asesinarlo durante una visita al complejo penitenciario de Marcos Paz. Marambio le salió al cruce y dijo que la denuncia era “un disparate”. Tanto la Procuración como el CELS han dado a conocer informes donde se denuncian gravísimas situaciones de violencia, hacinamiento y castigos arbitrarios sufridos por los detenidos en todas las cárceles del país, incluyendo las que dependen del Servicio Penitenciario Federal.