“Los problemas comenzaron en 1999, cuando hice una denuncia contra los jefes de la comisaría 47ª por procedimientos violentos contra personas a las que acusaban por supuestos delitos y por la vinculación que tenían con un traficante de droga.” El cabo de la Policía Federal Gustavo Jorge Maldonado, en declaraciones a PáginaI12, aseguró que las autoridades de la institución son “responsables de la persecución” que dice sufrir y que se prolonga hasta la actualidad. El momento más duro, según Maldonado, fue cuando lo detuvieron, en su domicilio de la Capital Federal, bajo la acusación de ser “un narcodependiente que además era ‘zurdo’”, porque supuestamente militaba en un partido de izquierda. Ese procedimiento, en contra de Maldonado, fue presenciado por otro federal, el agente Javier Sergio Gutiérrez, que al principio “no dijo nada”, pero después, “cuando empezó a hablar sobre lo que había visto, comenzó a sufrir el mismo tipo de persecución”. Las denuncias, acompañadas por una serie de escritos presentados ante la Justicia y ante la división Asuntos Internos de la Policía Federal, fueron formuladas ante este diario por los dos policías, que siguen vinculados a la fuerza, pero sin prestar servicio activo.

Una fuente de la Policía Federal, consultada por este diario, informó que los casos de Maldonado y Gutiérrez fueron analizados “en su momento” por Asuntos Internos y que ahora “los dos están con licencia médica”. La fuente aseguró que contra ambos “no existe ningún tipo de persecución” y que no vuelven al servicio activo “por razones de salud”. La denuncia inicial de Maldonado había sido efectuada, a mediados de 1999, contra los entonces jefes de la comisaría 47ª, el comisario Eduardo Cottone y el subcomisario Mario Alfredo Insaurralde, que luego fueron exonerados por la fuerza. Según Maldonado, esa decisión la tomaron “por la denuncia que yo había hecho contra ellos, pero después me empezaron a perseguir a mí”.

En octubre de 1999, Maldonado fue detenido por personal de la fuerza en su domicilio de Montevideo al 500, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. “Gutiérrez, que estaba en la misma comisaría, se enteró, por ser policía, de lo que iba a pasarme a mí y se fue hasta mi casa.” Gutiérrez fue testigo presencial de un hecho que, según los denunciantes, “no tuvo ningún viso de legalidad”. Maldonado hizo la denuncia contra los ex jefes de la comisaría 47ª en el juzgado de instrucción a cargo de Mónica Berdión, ante la que también dejó constancia de su “detención irregular”. La causa nunca avanzó, pero tanto Cottone como Insaurralde fueron exonerados por la Federal.

En uno de los escritos, al que tuvo acceso PáginaI12, Maldonado dejó sentado que lo acusaban de ser “narcodependiente”. Otro de los presuntos motivos fue porque “supuestamente yo era para los acusados un miembro de un partido político de izquierda, un ‘zurdo’. Para ellos yo era ‘diferente’ porque los había denunciado penalmente”. En otra oportunidad, cuando ya se había mudado a otra casa, en la localidad bonaerense de Pilar, Maldonado fue atacado a balazos por desconocidos. Cree que fue “una intimidación” relacionada con su denuncia. En la actualidad, Maldonado cobra su sueldo, pero está “marginado del servicio activo”.

Gutiérrez, por su parte, afirmó que sufre “persecución y discriminación” por parte de las autoridades de la Policía Federal “por el solo hecho de haber presenciado y de haber sido presentado como testigo de lo ocurrido” con Maldonado. De la seccional 47ª lo pasaron a la 19ª, luego a Tránsito y después a la Escuela de Suboficiales de la Federal. En medio de los traslados, Gutiérrez recibió “una amenaza de parte del subcomisario Insaurralde”, uno de los denunciados por Maldonado. “A la causa impulsada por Maldonado la durmieron y me hicieron víctima de las circunstancias. Sufro una persecución sistemática que me alejó del servicio activo, que me afectó laboralmente, económicamente y que afectó gravemente mi salud.”

El agente Gutiérrez hizo una denuncia ante el juzgado de instrucción 35, a cargo de Eduardo Moudmdujian, con intervención del fiscal Marcelo Solimine. Hace dos semanas, presentó un recurso de amparo con el propósito de que “cese esa persecución y pueda volver a vivir tranquilo”. Desde mediados del año pasado, Gutiérrez está con parte de enfermo por problemas de estrés. El diagnóstico fue hecho por la doctora Ravasa Paolo, del servicio de asistencia domiciliaria contratado por la Federal. La médica lo derivó al Servicio de Psiquiatría del Complejo Churruca Visca, que la fuerza tiene en Parque Patricios. A pesar de contar con licencia médica extendida por el doctor Roberto Ocampo, del hospital Churruca, a Gutiérrez le iniciaron varios sumarios administrativos por “supuestas inasistencias sin justificación”. Los policías afirmaron que “todo lo que nos pasa se debe al hecho de haber denunciado corrupción dentro de la institución”.