Los niños y adolescentes privados de su libertad deberán seguir esperando una resolución de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad o no de su situación: el máximo tribunal pidió el viernes a los juzgados nacionales de menores de todo el país que informen sobre las causas que involucran a chicos que no hayan cumplido los 16 años y permanezcan internados en institutos. La Corte tiene pendiente una resolución sobre la legitimidad de esas detenciones desde el 18 de marzo último, cuando suspendió una medida de la Cámara de Casación que ordenaba la “libertad progresiva” de chicos en esa situación, puesto que declaraba “inconstitucional” la privación de su libertad.

La Corte, con la firma de su presidente, Ricardo Lorenzetti, requirió a los juzgados información sobre “todas las actuaciones tramitadas desde septiembre de 2006 al 31 de mayo de 2008” referidas a “cada menor no punible”, precisando fechas de internación y cese de la medida, así como los motivos que las determinaron. También le pidió a la Secretaría Nacional de Niñez que reporte sobre “cada una de las personas menores que no hayan cumplido 16 años de edad y sobre los cuales se haya dispuesto tutelarmente su internación”, en instituciones bajo su dependencia.

La resolución fue adoptada en el marco de un hábeas corpus a favor de unos 50 adolescentes internados en el Instituto San Martín, de la Ciudad de Buenos Aires. En esa causa, la Sala III de la Cámara de Casación Penal, en 11 de diciembre último, declaró inconstitucional el artículo 1º del decreto-ley 22.278 que autoriza a los jueces de menores a privar de la libertad a los menores de 16 años “si existiere imputación en su contra”, aunque para esa misma ley esos menores no sean punibles. Esa medida disponía la liberación progresiva de esos menores, en un plazo de 90 días. También exhortaba al Congreso de la Nación a sancionar una “ley de responsabilidad penal juvenil”, adecuada a la Constitución y a los tratados internacionales sobre los derechos de la niñez.

Esa medida fue recurrida por el fiscal Raúl Plee y el 18 de marzo último la Corte admitió el recurso y suspendió la ejecución de la sentencia de Casación. “Para entonces, en el San Martín habían quedado menos de 20 internados. Luego de ese fallo, se volvió a poblar el instituto casi al mismo nivel del principio”, dijo a PáginaI12 el diputado nacional Emilio García Méndez, uno de los demandantes. “La mayoría de los internados en ese instituto están imputados por presunta resistencia a la autoridad”, afirmó.

La resolución de la Corte no expone los fundamentos que la motivan. Consultados por este diario, los demandantes afirmaron desconocer cuál es el sentido de la solicitud del máximo tribunal: “No es un problema de cantidad, sino de derecho: así haya un solo chico privado de la libertad, se están vulnerando sus derechos”, agregó García Méndez.

“Los datos que piden los aportamos en el expediente”, agregó Laura Musa, la otra demandante, quien hoy está a cargo de la Asesoría Tutelar de la ciudad de Buenos Aires. “Es bastante decepcionante que una Corte respetuosa de los derechos humanos dé estas vueltas”, afirmó.

Según los demandantes, se estima que son 1500 los menores de 16 años que están privados de su libertad “solo por tener una imputación policial”. Como no son punibles, los jueces los internan “como medida de protección”. “Este régimen se aplica para los pobres, ya que si un chico de clase media está en esta situación, por lo general, se lo entregan a sus padres”, afirmó Musa.